
El concejal de Medellín Alejandro De Bedout presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, tras la participación de jefes de bandas criminales en un evento público junto al presidente Gustavo Petro en la plazoleta de La Alpujarra el sábado 21 de junio de 2025.
La controversia surgió cuando se conoció que varios líderes de organizaciones criminales de Medellín, que se encontraban privados de la libertad en la cárcel de Itagüí, subieron a la tarima del evento oficial para acompañar al jefe de Estado. La presencia de estos individuos generó inquietud en distintos sectores políticos y sociales de la ciudad, al punto de motivar la acción formal del concejal.
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La senadora Isabel Cristina Zuleta, que ostenta el cargo de “coordinadora para la construcción de paz urbana – Medellín y Valle de Aburrá”, fue señalada como la responsable de gestionar la salida de los reclusos para su participación en el acto público. Días antes del evento, se reveló que la congresista había ordenado el traslado de los jefes de bandas criminales desde el centro penitenciario, con el objetivo de que asistieran al encuentro con el presidente Gustavo Petro.
La evidencia de esta gestión quedó consignada en una resolución firmada por el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, director encargado de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En el documento, se detalla que la senadora remitió una comunicación oficial a la institución penitenciaria solicitando el traslado de varios privados de la libertad. El texto señala que esta solicitud se realizó de manera similar a como lo habían hecho delegados del Gobierno en tres ocasiones previas.
En su explicación, la senadora Zuleta argumentó que, en calidad de coordinadora para la construcción de paz urbana, su intervención buscaba facilitar espacios de diálogo entre los detenidos y la población civil. Según sus palabras, en esas oportunidades, algunos de los reclusos salieron a las calles de Medellín para conversar con sus bases y con la ciudadanía de la región.

A pesar de ello, en la queja disciplinaria, el cabildante expuso una serie de fundamentos jurídicos. Entre ellos que la congresista incurrió en un “evidente conflicto de intereses al actuar simultáneamente como delegada del Gobierno y como operadora de sus políticas”. El concejal argumentó que este doble rol “lesiona la autonomía funcional del Congreso y vulnera los artículos 6º, 121 y 133 de la Constitución Política, que establecen el deber de guardar fidelidad al interés general”. Además, señaló que la conducta de la senadora afecta el principio constitucional de imparcialidad y moralidad administrativa, consagrado en el artículo 209 de la Carta Magna, el cual es inherente a la función pública.
El documento enfatizó en que, al ordenar la remisión de reclusos, la senadora Zuleta “se entrometió en las funciones exclusivas del Inpec y del poder judicial”. A juicio del concejal, esta conducta constituye una usurpación de potestades estatales encargadas de la seguridad pública y penitenciaria, lo que habría perturbado el régimen jurídico de las cárceles. Entre los hechos relatados en el documento, De Bedout destaca once situaciones específicas, subrayando que los espacios de conversación con personas privadas de la libertad deben desarrollarse dentro de las instalaciones penitenciarias, tal como lo establece la resolución 138 de 2023.
En uno de los apartados más relevantes de la queja, se afirmó: “Surgen fundadas inquietudes sobre la eventual extralimitación en las competencias de la senadora Isabel Zuleta, en la medida en que, conforme a los elementos allegados, su intervención habría trascendido las funciones asignadas en el marco de la Resolución 138 de 2023 y del ordenamiento jurídico vigente, promoviendo o gestionando salidas de personas privadas de la libertad fuera de los límites previstos en la ley y los reglamentos penitenciarios”.
Tras la presentación de hechos, el concejal solicitó a la Procuraduría que se ordene la apertura de un proceso disciplinario para investigar las presuntas faltas cometidas por la senadora, entre las que se incluyen la extralimitación de funciones, el uso indebido de la investidura y la perturbación del orden institucional. En su petición, De Bedout pide que se evalúe la posible suspensión provisional de la senadora Zuleta en el ejercicio de su cargo, con el fin de proteger el proceso disciplinario y evitar daños mayores al orden constitucional.
En el texto de la queja, se solicitó expresamente: “En aplicación del artículo 219 de la Ley 1952 de 2019, requiérase la inmediata suspensión de cualquier actuación administrativa vinculada a los Espacios de Conversación Socio jurídico de Construcción de Paz Urbana con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá y de configurarse los requisitos, la suspensión provisional de la senadora en ejercicio de su cargo, a fin de proteger el proceso disciplinario y evitar perjuicios mayores al orden constitucional”.
El caso abrió el debate sobre los límites de la intervención de los funcionarios públicos en procesos de paz urbana y la relación entre el poder Legislativo y las instituciones encargadas de la seguridad y el sistema penitenciario. La resolución 138 de 2023, citada en la queja, establece que los espacios de diálogo con personas privadas de la libertad deben realizarse dentro de los centros penitenciarios, lo que, según el concejal, no se cumplió en este caso.
La actuación de la senadora Zuleta, al gestionar la salida de los reclusos para su participación en un evento público, fue interpretada por el concejal De Bedout como una extralimitación de sus competencias y una posible vulneración de la normativa vigente. El proceso disciplinario solicitado ante la Procuraduría busca esclarecer si existió una transgresión de los límites legales y constitucionales en el ejercicio de las funciones de la congresista.
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