Se conoció el borrador del Gobierno Petro para reformar la Creg y la opción tarifaria: estratos altos serían los más afectados

El Gobierno nacional avanza en la socialización del proyecto conocido como “ley de tarifas”, cuyo alcance va mucho más allá de una simple modificación en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

De hecho, el Ejecutivo ya publicó el primer borrador del proyecto con el que plantea cambios que abordan desde la distribución de subsidios hasta la composición misma de este órgano regulador, ampliando el espectro de reformas en las políticas energéticas del país.

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La reestructuración de la Creg figura como uno de los puntos centrales del nuevo anteproyecto divulgado por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

Según el texto, la Creg pasará a ser una unidad administrativa especial integrada dentro del propio ministerio, una modificación que alteraría su composición, naturaleza y atribuciones.

El borrador propone que la comisión quede bajo la presidencia del ministro de Minas y Energía y que cuente con la participación del ministro de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional de Planeación, cinco expertos en asuntos energéticos designados por el presidente de la República, un académico representante, un representante de los usuarios y un miembro que represente a los sindicatos.

El superintendente de servicios públicos domiciliarios tendría derecho a voz, pero no a voto.

De acuerdo con la información publicada por la cartera de Minas, el anteproyecto introduce también un notable ajuste en el mecanismo de opción tarifaria para la energía eléctrica.

Este mecanismo se ideó con el propósito de atenuar el impacto de aumentos abruptos en las tarifas eléctricas, permitiendo diferir los pagos de los incrementos a lo largo de un plazo prolongado, una medida adoptada tras la pandemia del 2020 para proteger a los usuarios.

El nuevo borrador propone que los estratos socioeconómicos más altos (4, 5 y 6), así como los clientes no residenciales regulados, asuman el pago de las deudas acumuladas por este mecanismo, el cual benefició a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en todo el país.

El documento establece que la Creg tendrá un plazo máximo de un mes para definir cómo se asignarán los saldos pendientes derivados de la opción tarifaria, de acuerdo con los datos disponibles al momento de la entrada en vigor de la ley.

Así, los usuarios de estratos altos y el segmento no residencial serían responsables del “saldo” generado por los beneficiarios de subsidios, lo que implicaría una redistribución de la carga financiera generada por los esquemas de protección implementados tras la crisis sanitaria.

Según el borrador, la vigencia de estas medidas no podrá superar los quince años, y las reglas deberán aplicarse a todos los comercializadores eléctricos que presten servicio tanto a usuarios residenciales como a no residenciales regulados.

Respecto a la continuidad de los subsidios, el documento señala que el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que designe, deberá expedir nuevas normativas para definir las condiciones bajo las cuales los hogares de los estratos subsidiados (1, 2 y 3) podrán mantener o perder este beneficio.

En concreto, si una familia que recibe subsidio presenta consumos superiores al promedio de los estratos altos, o si su gasto mensual supera el doble del consumo de subsistencia, estos hogares podrían pasar a considerarse sujetos de contribución y dejarían de ser beneficiarios de los subsidios.

El debate sobre la estructura de los subsidios ha sido recurrente dentro del Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó los subsidios actuales como “regresivos” durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, abriendo el camino a nuevas propuestas de ajuste.

Adicionalmente, el borrador del proyecto incluye la garantía de que el pago por el servicio de energía no se mezcle con otros conceptos en la factura, excepto en los casos donde se incluyan servicios municipales como aseo y alcantarillado. De esta manera, se busca una mayor transparencia en la facturación y la posibilidad de establecer esquemas tarifarios diferenciados para estabilizar el costo que deben pagar los usuarios de menores recursos.

La socialización de la iniciativa comenzará esta semana y, aunque aún no se tiene una fecha definitiva para su presentación en el Congreso, Palma indicó que se espera radicar el proyecto el 20 de julio.

No obstante, expertos y representantes del sector energético consultados por El Espectador reconocieron que aún están revisando el texto y expresaron preocupación sobre varios puntos de la reforma.

El trasfondo de esta iniciativa también tiene un componente político. El presidente Petro ha manifestado en varias ocasiones su intención de modificar el funcionamiento de la CREG y los requisitos para integrar la Comisión, argumentando que la ley actual favorece la llegada de perfiles con experiencia directiva en el sector, lo que, según su diagnóstico, responde más a los intereses de las empresas que a los de los usuarios.