Continúan las críticas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que para el evento que lideró el mandatario en la emblemática plaza de La Alpujarra en el centro de Medellín fueran trasladados desde la cárcel nueve jefes criminales de bandas criminales con los que el Gobierno nacional adelanta un proceso para el cese de la violencia.
Se trata de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23 a quienes trajeron desde la cárcel de Itagüí.
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A los cuestionamientos que le han hecho al mandatario por ese acto, el domingo 22 de junio se sumó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que a través de un comunicado no solo lo reprochó, sino que además también expresaron su preocupación por este tipo de acercamientos del jefe de Estado con delincuentes.
“Desde la ANDI y la ANDI Seccional Antioquia manifestamos nuestra profunda preocupación con lo sucedido en los actos adelantados, este fin de semana, en la plaza pública en Medellín por la presencia de personas que han cometido delitos, algunos de ellos, atroces, o de lesa humanidad, que están siendo tratados con gran indulgencia y preferencia, sabiendo que han sido actores, muy protagonistas de las violencias de nuestro país [sic]”, encabezaron la misiva.
Agregaron que este tipo de gestos debilitan la institucionalidad del país, cuando ahora más que nunca se requiere que garantizar la legitimidad en el país.
“Este tipo de hechos envía señales equivocadas a la ciudadanía, debilita el Estado de Derecho y afecta la confianza en nuestras instituciones. Colombia necesita fortalecer la legalidad, no permitir su relativización. Hacemos un llamado para que todas las actuaciones del Estado se enmarquen en el respeto irrestricto a la justicia, la institucionalidad y los principios democráticos que garantizan la convivencia pacífica y el desarrollo del país”, indicaron.
Finalmente instaron a que “las autoridades concentren sus esfuerzos, en exigir el respeto a la ley, garantizar la vida de los ciudadanos, la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución”.
El mismo domingo La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó un rechazo contundente ante la presencia de cabecillas de estructuras criminales en un evento oficial del presidente Gustavo Petro, realizado el 21 de junio de 2025 en la plaza La Alpujarra de Medellín.
Esta organización, que reúne a las principales ciudades del país, expresó su inquietud por lo que consideró un acto que atenta contra la justicia, las fuerzas armadas y la ciudadanía, en un escenario marcado por décadas de violencia en Colombia.
Asocapitales afirmó que los líderes criminales fueron trasladados desde la prisión de Itagüí y ubicados en primera fila durante el evento, bajo el argumento de participar en el programa Paz Urbana y en el marco de una manifestación de apoyo a la reforma laboral promovida por el Gobierno.
Advirtió que movilizar reclusos de alta peligrosidad para asistir a eventos públicos con presencia de civiles representa un golpe a la institucionalidad.
La asociación advirtió que este tipo de decisiones desmotiva a la fuerza pública y desvaloriza el trabajo de quienes investigan organizaciones criminales. Añadió que la presencia de estos líderes en el evento alimenta la polarización del país y genera inquietudes en la población urbana, especialmente entre quienes buscan superar un pasado marcado por la violencia. Asocapitales recalcó que exhibir a estos criminales resulta perjudicial para todas las ciudades colombianas.
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