Daniel Quintero dijo que Alcaldía de Medellín estaba “espiando” a Petro y Daniel Briceño criticó sus señalamientos

En una publicación en redes sociales, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero acusó a la actual administración de utilizar recursos estatales con fines políticos. Según señaló, las cámaras de seguridad de la Policía estarían siendo empleadas para vigilar al presidente Gustavo Petro y a opositores de la administración local.

Esto mientras el jefe de Estado estuvo presente en la ciudad por un evento en donde el Gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma laboral.

A las palabras del exmandatario paisa contestó el concejal de Bogotá Daniel Briceño diciéndole ”Quintero en la misma tarima con mafiosos".

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“La Alcaldía de Gutierrez usa cámaras de seguridad de la Policía para hacer seguimientos y acosar al Presidente y a sus rivales políticos. Esta imagen la publica un funcionario corrupto que hace parte de la banda que se está robando a Medellín y que esperan lanzar al Congreso con los recursos que se están robando de la Alcaldía”, escribió Daniel Quintero por medio de su cuenta de la red social X.

Quintero no se limitó a su publicación escrita; también compartió un video en el que amplió sus acusaciones contra la administración de Federico Gutiérrez. En la grabación, afirmó que las imágenes captadas por cámaras de seguridad fueron entregadas a un dirigente político cercano al actual alcalde, con el propósito de realizar seguimientos ilegales tanto a él como al presidente Petro.

“Esto es muy grave, urgente. La alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez usó cámaras de la policía para espiarnos a mí y al presidente Gustavo Petro en la entrada del evento de Medellín. Filtraron estas fotos de las cámaras de seguridad de la Alpujarra a Simón Molina, un candidato del fiquismo para perfilarnos. Tienen miedo, es delito, actúan como delincuentes”, comentó el político cercano al Gobierno nacional.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño también reaccionó a las declaraciones de Daniel Quintero con una crítica directa. En su mensaje, acusó al exalcalde de mantener cercanía con actores ilegales, restando legitimidad a sus denuncias. “Quintero en la misma tarima con mafiosos. Quintero siempre con mafiosos”, escribió.

La crítica del concejal de Bogotá Daniel Briceño se refiere al evento realizado el 21 de junio en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín, donde el Gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma laboral y presentó avances del proyecto Paz Urbana.

Durante la jornada, fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí varios cabecillas condenados de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza, quienes participaron en calidad de interlocutores en el proceso. La presencia de estos condenados generó una ola de cuestionamientos por parte de distintos sectores.

Entre las personas trasladadas al evento por el Inpec se encontraban individuos identificados con los alias de “Douglas”, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El Tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, todos con condenas vigentes y actualmente detenidos en la cárcel de Itagüí.

Durante los dos años de funcionamiento del proyecto Paz Urbana, las autoridades han señalado una reducción sostenida en los homicidios registrados en el Valle de Aburrá, lo que permitió que Medellín cerrara 2024 con su tasa más baja de asesinatos en tres décadas.

Uno de los compromisos alcanzados en estos espacios de diálogo ha sido el rechazo a la explotación sexual en zonas frecuentadas por turistas, con énfasis en evitar el reclutamiento o abuso de menores de edad por parte de estructuras ilegales.

Entre los actores que han sido incluidos en la iniciativa se encuentra Diego Fernando Murillo, conocido como “Don Berna”, señalado por haber reconfigurado el control territorial en Medellín tras la muerte de Pablo Escobar. Aunque actualmente cumple una condena en Estados Unidos, fue designado como gestor de paz, debido a que se le atribuye aún cierto nivel de influencia sobre grupos delictivos urbanos.

Uno de los componentes centrales del programa es una estrategia compuesta por cinco líneas de acción, orientadas a reducir la violencia, promover una distribución equilibrada de oportunidades en los territorios y avanzar hacia el desmantelamiento completo de los grupos armados urbanos.