El registrador Hernán Penagos respondió los ataques de Gustavo Petro por negarse a continuar con la consulta popular: “Cumplo con la Constitución”

No cesan las tensiones entre el Gobierno nacional y la Registraduría, después que de que el máximo funcionario de la entidad decidiera no continuar con el proceso de consulta popular decretado por el presidente Gustavo Petro.

De hecho, la negativa del registrador Hernán Penagos para dar vía libre a la iniciativa del jefe de Estado y dejar todo en manos del Consejo de Estado generó una respuesta inmediata y enérgica desde el alto gobierno.

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El presidente Gustavo Petro acusó al funcionario de parcialidad y luego, en una reunión del Consejo de Ministros, fue más allá al calificar sus acciones como una “situación de sedición contra el presidente de la República”.

Frente a las acusaciones, el registrador nacional concedió una entrevista a Cambio en la que mostró su seria preocupación por los comentarios del dirigente nacional, además de sus ministros, asegurando que siempre se ha apegado a las leyes que dicta la Constitución.

El funcionario explicó que la actual controversia jurídica pone en serio riesgo la supremacía constitucional y el principio de separación de poderes en el país.

Además, Penagos advirtió que Colombia enfrenta una ruptura institucional sin antecedentes recientes y que resultaría irresponsable tomar decisiones irreversibles hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del asunto.

“Es una apreciación que inquieta, porque siempre he buscado cumplir con mi deber en el servicio público. No hago nada diferente a lo que deberían pedir todas las autoridades en Colombia: que los jueces resuelvan un debate tan grande como el que estamos viviendo. Yo cumplo con la Constitución”, explicó Penagos al medio nacional.

Según comentó el funcionario, actualmente existen más de 40 acciones de nulidad, 11 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y cerca de 98 tutelas en el Consejo de Estado relacionadas con la consulta popular, por lo que este volumen de demandas evidenciaba la magnitud del debate y la necesidad de esperar una sentencia judicial orientadora antes de avanzar con cualquier convocatoria.

“Cuando en una nación democrática se presentan debates y litigios de esta naturaleza, lo más responsable es pedir a los jueces, a las cortes, que tomen una decisión de fondo. Eso es lo correcto. Hoy cursa en el Consejo de Estado un número muy importante de acciones de nulidad”, señaló el registrador.

Penagos recalcó que la gravedad del escenario supera el simple hecho de llamar a las urnas, pues está en juego la legitimidad de las decisiones de las autoridades administrativas y, en última instancia, el sostenimiento del Estado de derecho y el principio democrático.

Para Penagos, el deber institucional es someter estos debates a los jueces y no resolverlos desde funciones administrativas. “La gravedad de esto no radica solamente en convocar o no una consulta popular, sino en salvaguardar el Estado de derecho y el principio democrático. No es un tema menor”, señaló a Cambio.

En sus declaraciones, Penagos destacó que ni el registrador ni la Registraduría tienen un superior jerárquico, ya que, según el artículo 266 de la Constitución Política de Colombia, la entidad es una autoridad electoral autónoma e independiente, tal como lo han reiterado recientes sentencias de la Corte Constitucional.

Cuestionó la interpretación del Gobierno que definió a la Registraduría como un simple operador logístico y destacó la responsabilidad y tradición institucional de la entidad desde su creación. “La Registraduría nació en 1948 y, desde entonces, ha sido reconocida como un órgano autónomo e independiente”, señaló.

El funcionario se mostró especialmente inquieto por la descalificación a la labor de los miles de empleados de la Registraduría, quienes por décadas han respaldado la democracia y la transparencia electoral en Colombia.

Penagos calificó como injusto que se minimicen las funciones de la entidad y defendió la necesidad de cuidar su imagen por ser la tercera institución pública mejor valorada del país, después de la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas.

“Eso sí me preocupa mucho. Limitar la Registraduría a la condición de “simple operador logístico” es, de alguna manera, desconocer a miles de funcionarios que llevan años en la entidad y que trabajan con gran determinación. La Registraduría ha sido el fiel de la balanza. Ha garantizado que el país transite por los senderos democráticos. No es justo reducirla a calificaciones de esa naturaleza", comentó Penagos a Cambio.

Respecto al procedimiento para eventuales elecciones o consultas, Penagos afirmó que la convocatoria electoral responde a competencias constitucionales y que el tema de fondo radica en la controversia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 104 para una consulta popular.

Explicó que estos requisitos implican la solicitud del gobierno respaldada por los ministros, el aval del Senado y la convocatoria por decreto. Penagos señaló que, mientras el Senado sostiene que la solicitud fue negada, el Gobierno desconoce esa decisión y considera inconstitucional el procedimiento, por lo que la disputa solo puede resolverse en sede judicial.