14 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá para rendir versión sobre hechos relacionados con homicidios, masacres, atentados y tomas guerrilleras que afectaron a la población civil en Cundinamarca y la capital del país.
Durante las diligencias, la JEP recibió versiones de exmiembros de los frentes 22, 42, 51, 52, 53, 54 y 55, así como de las estructuras Reinaldo Cuéllar, Esteban Ramírez, Abelardo Romero, Policarpa Salavarrieta y la Red Urbana Antonio Nariño.
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Estas estructuras fueron parte del Bloque Oriental de las antiguas Farc-EP y estuvieron involucradas en múltiples hechos de violencia en esa zona del país.
Entre los comparecientes estuvieron dos antiguos miembros del Secretariado: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, y Julián Gallo Cubillos, identificado como ‘Carlos Antonio Lozada’.
Junto a ellos rindieron versión otros exjefes guerrilleros: Quintero Estévez (‘Arcesio Angarilla’), Evaristo Marroquín Tinoco (‘Heliodoro Suárez’), Heliud Restrepo Chávez (‘Samuel Vásquez’ o ‘Samurái’), Francisco Javier Rivera Camacho (‘Julio Marquetalia’), Wilmar Antonio Marín Cano (‘Hugo 22’) y Bernardo Mosquera Machado (‘Negro Antonio’).
Los comparecientes admitieron la responsabilidad de las Farc-EP en distintos hechos, entre ellos el atentado con carro bomba al Club El Nogal en Bogotá, ocurrido en febrero de 2003, que dejó un saldo de 33 personas muertas y 198 heridas.
También aceptaron haber ejecutado un ataque con rockets en 2002 dirigido al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en el que murieron 27 personas y 69 resultaron heridas, algunas de ellas en situación de habitabilidad en calle.
Durante las audiencias, los exintegrantes de la guerrilla reconocieron la autoría de dos atentados contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
El primero fue en diciembre de 2002, cuando un libro bomba enviado a su oficina le causó graves heridas. El segundo ocurrió en octubre de 2005, con la detonación de un carro bomba que dejó nueve personas heridas. Ambos atentados fueron atribuidos a la Red Urbana Antonio Nariño, que tenía presencia en Bogotá.
Asimismo, reconocieron la instalación de una bicicleta bomba en el barrio Fátima de la capital en 2002, en la que murieron una niña y su madre, mientras 28 uniformados resultaron heridos.
También aceptaron que el Frente Policarpa Salavarrieta fue responsable de la masacre de trabajadores de la Asociación de Municipios de Cundinamarca y de múltiples ataques a estaciones de Policía en la región.
Para explicar el funcionamiento de sus operaciones, los comparecientes llevaron una maqueta y mapas donde se detallaron tomas guerrilleras en municipios de Cundinamarca como Fosca, Sueva, Chiguaní, Venecia, Quipile, Puli y La Palma, así como intentos frustrados de incursión en Cabrera y Gutiérrez.
Estas versiones hacen parte del Caso 10, que adelanta la JEP por crímenes considerados no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP. La jurisdicción ha señalado que estos delitos son de tal gravedad que no pueden recibir perdón judicial.
Durante las sesiones, participaron 66 víctimas acreditadas, quienes intervinieron de manera virtual. A través de sus representantes legales, formularon preguntas en tiempo real a los comparecientes. Las diligencias se realizaron con reserva para proteger su intimidad.
Este ciclo de audiencias constituye el primer llamado a versiones en el Caso 10 por parte de excombatientes de frentes que operaron en Bogotá y Cundinamarca.
La JEP prevé un segundo grupo de diligencias entre julio y agosto, que incluirá a frentes que actuaron en otras zonas del país, como el occidente del Meta, Arauca, Boyacá, Casanare, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.
Una vez finalicen todas las versiones, su contenido será trasladado a las víctimas, quienes podrán presentar observaciones ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. Posteriormente, la JEP contrastará lo dicho por los comparecientes con las observaciones de las víctimas, así como con informes provenientes de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo del tribunal es avanzar en el análisis de responsabilidades individuales dentro de estos hechos, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Integral para la Paz.
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