Ciberataque a la justicia penal militar obligó a suspender términos judiciales y atención tecnológica

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informó a la ciudadanía que el pasado 15 de junio de 2025, durante la madrugada, se presentó un incidente informático que comprometió su infraestructura digital.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trató de un ataque cibernético que ya fue notificado a las autoridades competentes.

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Según las primeras verificaciones técnicas, el ataque afectó configuraciones esenciales relacionadas con los sistemas de comunicación y red utilizados por la entidad a nivel nacional.

También se reportó la afectación de datos de carácter administrativo y jurisdiccional, los cuales estaban disponibles en plataformas locales y servicios en la nube. Todo el contenido comprometido, según lo indicado, corresponde a información pública.

Frente a esta situación, la Unidad implementó un conjunto de medidas para mitigar los efectos del evento. Entre las acciones anunciadas está la activación de planes de contingencia y recuperación tecnológica, los cuales se desarrollan con el respaldo de las empresas responsables de los sistemas impactados.

El objetivo principal de estas medidas es restablecer el funcionamiento de los servicios tecnológicos y continuar con la administración de justicia dentro de la jurisdicción penal militar.

Una de las determinaciones inmediatas adoptadas fue el cambio temporal en la modalidad de atención. Mientras se logra el restablecimiento completo y seguro de los servicios digitales, los usuarios deberán acudir de manera presencial a las sedes judiciales distribuidas en todo el territorio nacional.

Además, la Unidad ha dispuesto el uso de herramientas tecnológicas adicionales como apoyo para la prestación del servicio.

El comunicado también advierte sobre la suspensión de los términos judiciales en los procesos sujetos a la Ley 1407 de 2010. Esta medida regirá desde la fecha del ataque hasta nuevo aviso, es decir, hasta que las plataformas sean rehabilitadas y se comunique oficialmente la reactivación de los servicios digitales.

No obstante, la entidad aclaró que otros trámites como solicitudes, quejas, peticiones, reclamaciones, denuncias y memoriales podrán ser gestionados de forma presencial. Para ello, estarán habilitados los Centros de Servicios Judiciales y las sedes judiciales y fiscales del país.

En palabras del comunicado, “los términos judiciales se suspenderán a partir de la fecha y hasta que, una vez restablecidos los servicios, se comunique sobre el particular. No obstante, las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, memoriales y denuncias se recibirán presencialmente, en el Centro de Servicios Judiciales, sedes judiciales y fiscalías, en todo el país”.

Asimismo, la entidad reiteró su compromiso con la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes generados a raíz del ataque informático. La Unidad expresó que está enfocada en ejecutar acciones que permitan restituir los servicios en el menor plazo posible.

“A todos los usuarios, ofrecemos las disculpas por los inconvenientes, con la convicción de establecer las mejores acciones para restituir la prestación de los servicios en el menor tiempo posible”, señala el documento oficial.

Las medidas anunciadas por la Unidad buscan mantener el funcionamiento del aparato judicial castrense a pesar de las limitaciones tecnológicas actuales.

Para ello, se prioriza la atención presencial, mientras continúan los esfuerzos técnicos por recuperar la operatividad total del sistema comprometido.

Este ataque se suma a una serie de eventos cibernéticos que han venido afectando distintos sectores del Estado, lo que ha llevado a distintas entidades a reforzar sus esquemas de seguridad digital.

En este caso específico, la entidad no entregó detalles sobre el origen del ataque ni sobre el tipo de software o vulnerabilidad explotada, pero indicó que las investigaciones están en curso y que los responsables de los sistemas comprometidos están colaborando con la restauración.

La Unidad también reiteró que la información comprometida es de carácter público y no se trataría de datos reservados o clasificados. A pesar de ello, se han dispuesto protocolos para verificar la integridad de los datos y prevenir posibles usos indebidos.

Durante el tiempo que duren las labores de recuperación, los usuarios deberán informarse a través de los canales oficiales de la Jurisdicción Penal Militar y Policial para conocer el estado de los servicios.

La entidad resaltó que notificará oportunamente cualquier cambio en las condiciones de atención, la reanudación de términos judiciales o la reactivación completa de su infraestructura digital.

Finalmente, el comunicado cierra con el lema institucional: “¡La Justicia que se ve!”, acompañado de los canales oficiales de contacto y redes sociales.

Esta situación se mantendrá bajo observación, y se espera una actualización oficial una vez concluyan las acciones de recuperación tecnológica.