La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un proceso disciplinario contra Carlos Juan Caicedo Cano, asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías), por presuntamente infringir el régimen de inhabilidades e incompatibilidades tras su nombramiento en el cargo.
El caso, que podría prescribir el 6 de agosto de 2027, se encuentra en etapa probatoria y podría avanzar hacia un juicio disciplinario.
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De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría, Caicedo Cano asumió el cargo de asesor en el Invías el 24 de enero de 2023, mientras mantenía un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín.
Este vínculo contractual, que se extendió del 30 de enero al 17 de octubre del mismo año, tenía como objetivo brindar acompañamiento en un convenio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Según el ente disciplinario, esta situación podría constituir una violación a la normativa que prohíbe a los funcionarios públicos contratar con el Estado.
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El órgano de control ha señalado que investigará si Caicedo Cano vulneró principios fundamentales establecidos en la Constitución Política, como la moralidad pública, la transparencia, la responsabilidad y la legalidad. La Procuraduría calificó la presunta falta como “gravísima”, atribuida a título de culpa gravísima, lo que podría acarrear severas sanciones en caso de confirmarse las irregularidades.
El proceso disciplinario, que ya lleva casi dos años en curso, se encuentra en una etapa avanzada de recolección de pruebas. Según la Procuraduría, la investigación busca determinar si el funcionario incurrió en conductas que comprometen la ética y la legalidad en el ejercicio de su cargo. En este contexto, el ente de control ha enfatizado la necesidad de agilizar el procedimiento, dado que el caso podría prescribir en agosto de 2027.
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La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, encargada del caso, ha reiterado que el análisis se centra en confirmar si Caicedo Cano, al asumir como asesor código 1020 grado 08 en el Invías, incumplió las disposiciones legales al mantener simultáneamente un vínculo contractual con una institución pública. Este tipo de situaciones están expresamente prohibidas por la normativa colombiana, que busca evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la administración pública.
En un comunicado oficial, la Procuraduría destacó que el caso de Caicedo Cano representa una posible transgresión a los principios de moralidad y legalidad que rigen el servicio público. “El Ministerio Público confirma si el funcionario público al posesionarse como asesor código 1020 grado 08 en Invías el 24 de enero de 2023, a su vez, conservó una relación contractual con la Institución Pública Universitaria Pascual Bravo a través de un contrato de prestación de servicios desde el 30 de enero al 17 de octubre del mismo año”, señaló el organismo.
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El caso ha captado la atención pública no solo por la gravedad de las acusaciones formuladas contra el asesor Carlos Juan Caicedo Cano, sino también por las implicaciones que podría tener sobre la percepción ciudadana respecto a la transparencia y el cumplimiento normativo dentro de las entidades del Estado.
La presunta inhabilidad en la que habría incurrido al asumir funciones como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) mientras mantenía un contrato vigente con una institución universitaria pública, plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, vigilancia y verificación en los procesos de nombramiento en la administración pública.
Desde la Procuraduría General de la Nación se ha reiterado la importancia de salvaguardar el cumplimiento de las normas éticas y legales que rigen el ejercicio de la función pública. actúe con rigurosidad, garantizando el debido proceso y emitiendo una decisión que, cualquiera sea su sentido, refuerce la credibilidad del sistema disciplinario y su compromiso con la ética en la gestión pública.
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El expediente de Carlos Juan Caicedo Cano no solo está en juego como un caso individual, sino como un reflejo del grado de eficacia con el que las instituciones colombianas responden ante posibles transgresiones de los principios que rigen el servicio público.
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