Familias podrán adquirir viviendas VIS de mayor valor sin comprometer su economía: gracias al aumento en créditos hipotecarios

Con la expedición del Decreto 0583 de 2025, el Gobierno de nacional decidió incrementar el límite del valor de la primera cuota de los créditos hipotecarios para viviendas No VIS (viviendas que no son de interés social). Este cambio eleva el porcentaje máximo de los ingresos familiares que puede destinarse a la primera cuota del 30% al 40%, igualando así las condiciones con las viviendas VIS, que ya contaban con este beneficio desde 2021.

Según destacó el Ministerio de Vivienda, la medida busca estimular la reactivación económica y fortalecer el sector de la construcción. La ministra de la cartera, Helga María Rivas Ardila, explicó que la nueva normativa forma parte de un conjunto de estrategias impulsadas por el Gobierno del Cambio para dinamizar la economía.

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Entre estas se encuentra el Pacto por el Crédito, una iniciativa que involucra a instituciones financieras y solidarias para facilitar el acceso a la financiación de vivienda. Según la ministra, la medida podría beneficiar a aproximadamente 553.000 hogares, permitiéndoles acceder a viviendas de mayor valor sin comprometer su estabilidad financiera.

El impacto de la decisión se refleja en la capacidad de compra de los hogares. Por ejemplo, un hogar con ingresos equivalentes a 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) podría aumentar su capacidad de adquisición en un 35%.

Lo anterior significa que, si antes podían optar por viviendas de hasta 261 millones de pesos, ahora podrían adquirir inmuebles de hasta 335 millones de pesos. Este ajuste no solo amplía las posibilidades de financiamiento, también fomenta la demanda en el segmento No VIS, lo que a su vez impulsa al sector constructor.

El decreto también estableció que las entidades financieras podrán otorgar préstamos por montos mayores, siempre y cuando se evalúe cuidadosamente la capacidad de pago de los hogares para evitar riesgos de sobreendeudamiento. Igualmente, la medida no requiere recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación, lo que la convierte en una estrategia sostenible desde el punto de vista fiscal.

El sector de la construcción ya muestra señales de crecimiento. Según datos oficiales, en marzo de 2025, la construcción de edificaciones empleó a 1,08 millones de personas, lo que representó un aumento de 45.000 empleos en comparación con el mismo mes del año anterior.

Durante el trimestre móvil de enero a marzo de 2025, el sector ocupó a 1,02 millones de personas, un incremento de 39.000 empleos respecto al mismo periodo de 2024. Este dinamismo se atribuye, en parte, al desembolso de 21,7 billones de pesos en créditos hipotecarios entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

El marco legal que respalda la decisión tiene sus raíces en la Ley 546 de 1999, que regula los créditos de vivienda en Colombia. La ley faculta al Gobierno para definir el porcentaje de los ingresos familiares que puede destinarse a la primera cuota de un crédito hipotecario, con el objetivo de garantizar tanto el acceso a la vivienda como la estabilidad financiera de las familias. Inicialmente, el límite se estableció en el 30% para todos los tipos de vivienda, pero en 2021 se flexibilizó al 40% para las viviendas VIS como parte de las medidas de reactivación económica tras la pandemia.

Con el Decreto 0583 de 2025, la flexibilización se extiende ahora a las viviendas No VIS, lo que representará un cambio significativo en las políticas de acceso a la vivienda en el país. Además, el decreto incluye disposiciones específicas sobre el porcentaje del valor del inmueble que puede ser financiado, permitiendo cubrir hasta el 70% u 80% del costo total, dependiendo del tipo de vivienda. Las condiciones también aplican al leasing habitacional, una modalidad de financiamiento que permite a las familias adquirir vivienda mediante un contrato de arrendamiento con opción de compra.

El derecho a una vivienda digna, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, es el eje central de estas políticas. Este artículo establece que el Estado debe garantizar condiciones que permitan a los ciudadanos acceder a una vivienda adecuada, lo que incluye la promoción de planes de vivienda de interés social y la creación de sistemas de financiamiento a largo plazo. Con este nuevo decreto, el Gobierno buscará cumplir dos ejes fundaménteles: estimular la economía y generar empleo en un sector clave como el de la construcción.

En términos prácticos, la implementación de la medida representará un alivio para miles de familias que buscan adquirir vivienda en un mercado cada vez más competitivo. Al mismo tiempo, se espera que el aumento en la demanda impulse la actividad constructora, generando un efecto multiplicador en la economía nacional. Con la entrada en vigor inmediata del decreto, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la reactivación económica y el bienestar de los hogares colombianos.