Alcalde de Bogotá envió duro mensaje a Petro por ‘decretazo’ de la consulta popular: “Muy grave que desconozca la separación de poderes”

El 11 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto que convoca la consulta popular el próximo 7 de agosto para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral que el Congreso había rechazado.

En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que no puede aplicarse la decisión del Senado, según su interpretación, “por inconstitucional el acto mediante el cual el Senado de la República, en sesión del 14 de mayo de 2025, decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular”. Esta postura generó un intenso debate sobre la separación de poderes y el respeto a los procedimientos constitucionales.

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Para el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la decisión de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, a través de un decreto presidencial, debe ser revisada con urgencia por las autoridades judiciales competentes.

En ese sentido, enfatizó en la necesidad de que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional determinen rápidamente si el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro tiene fundamento legal, ya que, según sus palabras, “es grave que se expida ese decreto”.

El mandatario local también manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración de la institucionalidad, ya que cree que se está dejando de lado consideración del Senado que votó en contra de la consulta popular.

“Es grave, es muy grave que se pase por la faja (forro) al Congreso y, en cierta forma, se viole la separación de poderes en Colombia”, señaló Galán , haciendo referencia a que el presidente Petro firmó un decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, desestimando la negativa previa del Senado.

El alcalde Galán, que mantiene diferencias políticas con el presidente Petro, insistió en que la revisión de las decisiones del Congreso corresponde exclusivamente a la Rama Judicial, y no al Ejecutivo. “Al examinar una decisión que toma el Congreso, el único encargado de determinar si hubo un vicio o no, no es el Ejecutivo sino la Rama Judicial, y la Rama Judicial no se ha pronunciado todavía si ese trámite tuvo o no un vicio”.

Y agregó: “Entonces es grave que se expida ese decreto. Yo ya lo manifesté en el pasado y espero que las autoridades competentes de revisar también, ya a la luz de la expedición del decreto, si ese decreto tiene sustento de ley o no, lo hagan y lo hagan rápido para garantizar, repito, la democracia y la separación de poderes en Colombia”.

Radicaron la primera tutela contra la consulta popular vía decreto

La consulta popular mediante decreto despertó el rechazo de los distintos sectores del país. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro se conoció que radicaron ante el Consejo de Estado la primera tutela contra la resolución que convoca al mecanismo de participación ciudadana. De acuerdo con el demandante, el constitucionalista Germán Calderón España, se estaría violando el derecho al debido proceso y el principio de legalidad.

“De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito respetuosamente se decrete como medida provisional para proteger un derecho, suspender la aplicación del Decreto de convocatoria de la consulta popular objeto de esta tutela, por violación del artículo 104 superior”, se lee en el documento.

Por su parte, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, informó que radicó una demanda de nulidad contra el decreto, así como una denuncia contra los ministros que lo firmaron. Briceño expresó con contundencia su rechazo, declarando: “No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la Constitución y la ley”. Estas palabras reflejan el malestar de los sectores políticos frente a lo que denominan un acto que desafía las normas democráticas.