El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto que congrega a un mecanismo de participación ciudadana. “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, escribió en su cuenta de X.
Su decisión generó una ola de reacciones y controversias en el país. Según informaron diversos actores políticos, esta decisión ha sido calificada como inconstitucional, y se anunciaron múltiples demandas legales en su contra. El mandatario envió el decreto a la Corte Constitucional, en lugar del Consejo de Estado, lo que intensificó las críticas y los cuestionamientos sobre la legalidad.
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El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto, asegurando que iniciará acciones legales contra el decreto y contra los ministros que lo respaldaron.
Afirmó: “No vamos a permitir que el Gobierno viole la Constitución. La ley está para cumplirse, no para manipularse”. Este anuncio se suma a una serie de medidas legales que buscan frenar lo que varios sectores consideran una violación al equilibrio de poderes en el país.
Por su parte, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, informó que tiene preparada una demanda de nulidad contra el decreto, así como una denuncia contra los ministros que lo firmaron. Briceño expresó con contundencia su rechazo, declarando: “No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la Constitución y la ley”. Estas palabras reflejan el malestar de los sectores políticos frente a lo que denominan un acto que desafía las normas democráticas.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz se sumó a las críticas y confirmó que presentará una demanda contra el decreto. A esta postura se unió el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que también anunció medidas legales, argumentando que la decisión del presidente Petro representa un atropello al equilibrio de poderes establecido en la democracia colombiana. Cepeda ha sido enfático en señalar que el decreto podría sentar un precedente peligroso para la institucionalidad del país.
Entre los opositores más destacados se encuentra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que había anticipado la radicación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.
“El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal”.
Además, Uribe Turbay prometió presentar una denuncia penal por prevaricato contra el presidente Petro y los ministros involucrados. Según se informó, el equipo del senador había preparado un video en el que adelantaba las medidas jurídicas que tomaría, material que fue grabado antes del atentado en su contra.
“También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. Así defendemos la democracia y el futuro del país. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley”, señaló el congresista.
Radicaron la primera tutela contra la consulta popular vía decreto
Se conoció que radicaron ante el Consejo de Estado la primera tutela contra el decreto que convoca la consulta popular. De acuerdo con el demandante, el constitucionalista Germán Calderón España, se estaría violando el derecho al debido proceso y el principio de legalidad.
“De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solícito respetuosamente se decrete como medida provisional para proteger un derecho, suspender la aplicación del Decreto de convocatoria de la consulta popular objeto de esta tutela, por violación del artículo 104 superior”, se lee en el documento.
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