Procuraduría destituyó a un patrullero por causar la muerte de un ciudadano durante las protestas del Paro Nacional de 2020

La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado sobre su decisión sobre el patrullero Oscar Alexander Márquez Rojas, que no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos 20 años, tras determinarse su responsabilidad en la muerte de un ciudadano venezolano durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La sanción incluye la destitución inmediata del uniformado, pues el ente de control consideró que utilizó fuerza letal de manera injustificada en las inmediaciones de la estación de Policía León XIII. La decisión también afecta al uniformado Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, que recibió un castigo de 8 años de inhabilidad por el uso imprudente de su arma de fuego en el mismo escenario.

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El Ministerio Público concluyó que Márquez Rojas actuó con dolo al disparar su arma de dotación oficial en un entorno de alta agitación y aglomeración, desconociendo los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución, conducta que fue calificada como una falta disciplinaria gravísima. En el caso de Ricaurte Pinilla, se determinó que incurrió en una falta de culpa gravísima al disparar de forma indiscriminada, lo que puso en riesgo la vida de los manifestantes.

La Procuraduría aseguró que el uso de la fuerza letal en protestas, incluso cuando estas sean violentas, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, conforme a los derechos humanos. El fallo enfatizó que la actuación de ambos uniformados violó los protocolos institucionales sobre el uso de armas y el respeto al derecho a la protesta.

Cabe mencionar que la investigación disciplinaria se centró en el análisis de los hechos ocurridos durante las manifestaciones, donde se evidenció que los uniformados no siguieron los lineamientos establecidos para el manejo de situaciones de orden público.

El Ministerio Público reiteró que los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución son obligatorios para los miembros de la fuerza pública, especialmente en escenarios de protesta social: “La actuación de los uniformados desconoció los protocolos institucionales y el respeto al derecho a la protesta”, señaló la Procuraduría, que recordó que existen límites estrictos al uso de la fuerza por parte de agentes estatales, incluso en contextos de disturbios o violencia.

El fallo de primera instancia puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, lo que abre la posibilidad de que los sancionados presenten recursos para revisar la decisión. Aunque la Procuraduría mantuvo su postura sobre la importancia de garantizar la protección de los derechos fundamentales durante las manifestaciones, y advirtió que el uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública debe ser siempre el último recurso y estar debidamente justificado.

Contexto del caso

La sanción impuesta a Márquez Rojas y Ricaurte Pinilla hace parte de una serie de investigaciones adelantadas por la Procuraduría tras los hechos ocurridos en septiembre de 2020, cuando múltiples protestas se registraron en diferentes puntos del país como parte del Paro Nacional. Aunque la muerte del ciudadano venezolano en Soacha se convirtió en uno de los episodios más graves, al evidenciarse el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales.

La Procuraduría recordó que el respeto al derecho a la protesta es un pilar en un Estado democrático, y que las autoridades tienen la obligación de proteger la vida e integridad de los manifestantes. Por esta razón, la sanción de destitución e inhabilidad por 20 años a Márquez Rojas, y de 8 años a Ricaurte Pinilla, responde a la gravedad de las faltas cometidas y a la necesidad de garantizar la no repetición de hechos similares en el futuro.

Cabe mencionar que el proceso disciplinario para llegar a esta decisión incluyó la revisión de pruebas documentales, testimonios y registros audiovisuales que permitieron establecer la responsabilidad de los uniformados en los hechos investigados, lo que se suma a otras acciones emprendidas para fortalecer el control disciplinario sobre la actuación de la fuerza pública en situaciones de protesta social.