Juan Diego Ortiz, secretario nacional de la Confederación de Transportadores de Colombia, denunció una fuerte situación que, al parecer, están enfrentando conductores y transportadores en algunas vías del país.
Según afirmó, en medio de los bloqueos protagonizados por comunidades indígenas en jurisdicción de Risaralda, los transportadores han sido obligados a pagar dinero para que se les permita continuar su recorrido.
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“Nos preocupa la situación con las comunidades indígenas, que de protesta se pasa a una extorsión”, afirmó Ortiz en su denuncia, citada por W Radio.
Agregó que tiene en su poder videos que muestran cómo algunos manifestantes exigen hasta cincuenta mil pesos por vehículo para permitir el paso de los camiones.
Según Ortíz, el episodio más reciente ocurrió en el sector de Remolinos, en la troncal de occidente, donde comunidades indígenas de Caldas y Risaralda instalaron un bloqueo. En redes sociales han publicado denuncias, incluso, desde la última semana del mes de mayo del año en curso.
También hay videos de indígenas violentos que obligan a pagar a conductores que se oponen y piden vía —como se logra evidenciar—, incluso por fuera de su vehículo, con golpes.
En uno de los registros audiovisuales, un manifestante cobra dinero a motociclistas que intentaban cruzar.
Ortiz, que representa al gremio transportador, elevó la denuncia ante las autoridades judiciales. “Yo mandé los vídeos, todo lo que ha acontecido de esta protesta, de estos señores que salen a justificar una cantidad de cosas pero por dentro no hacen sino delinquir”, declaró.
Añadió, citado por el medio, que no puede evitar escalar la denuncia mientras se vulneran los derechos de los conductores: “Yo represento un gremio y no me puedo estar callado”.
Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y establecer si existen delitos que puedan ser judicializados.
El gremio transportador insiste en que este tipo de acciones no solo afectan la economía del país, sino que ponen en riesgo la seguridad de quienes deben seguir movilizando mercancías que sostienen parte de la industria y el comercio nacional.
Ministerio del Interior condenó violencia contra menor emberá en Risaralda y activó plan conjunto para proteger a mujeres indígenas
El Ministerio del Interior rechazó de manera categórica el caso de violencia intrafamiliar contra una joven de 17 años perteneciente al pueblo emberá, ocurrido en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
La entidad aseguró que trabaja en coordinación con autoridades indígenas y organismos estatales para proteger los derechos de las mujeres en estas comunidades.
Una vez conoció la situación, el Ministerio acompañó el proceso de atención y restablecimiento de derechos de la menor. Además, instó a las autoridades del resguardo a avanzar en la investigación del caso y a sancionar a los responsables conforme a las normas de su sistema de gobierno propio, pero en línea con los derechos fundamentales.
“Se deben garantizar la vida, la integridad y los derechos de las mujeres en todos sus entornos”, afirmó la entidad a través del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.
Por medio de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el Ministerio sostuvo encuentros con delegadas de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (Cnmi).
En estas reuniones se acordaron medidas para prevenir y atender violencias basadas en género, entre ellas, jornadas de formación sobre derechos de la mujer y acompañamiento en la activación de rutas de atención.
Estas acciones emanan del cumplimiento del Auto 092 de 2010 de la Corte Constitucional, que obliga al Estado a brindar protección integral a mujeres indígenas en riesgo, especialmente en contextos de desplazamiento forzado.
El Ministerio del Interior aseguró que trabaja de forma articulada con el Ministerio de la Igualdad y Equidad, las organizaciones indígenas y entidades territoriales. Su objetivo es avanzar en acuerdos estructurales que fortalezcan la prevención y atención de todo tipo de violencia contra mujeres indígenas.
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