Petro negó “pérdidas” billonarias de las EPS, atribuyó la reducción de su patrimonio a la corrupción: “Se robaron esa plata”

La situación financiera de las entidades promotoras de salud (EPS) en Colombia sigue deteriorándose, según indica un informe titulado “Análisis financiero y de cartera de las EPS – Primer trimestre de 2025 y resultados de la Circular Conjunta No. 30 de 2013 (corte a diciembre de 2024)”, del centro de pensamiento Así Vamos en Salud.

El documento indica que 23 EPS han evidenciado una cartera vencida en un 91,5% y una reducción en su patrimonio correspondiente a -$10,2 billones (primer trimestre de 2025). Las cifras comparadas por el observatorio muestran un incremento del 2,277% en el patrimonio negativo de las EPS.

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En el primer trimestre de 2022, un total de 30 entidades promotoras de salud reportaron un patrimonio negativo acumulado de $429.000 millones. Pero, para el mismo periodo del año en curso, el indicador alcanzó los billones de pesos, pese a que son menos las EPS en esta situación.

Así Vamos en Salud aseguró en el informe que los datos ponen sobre la mesa un grave panorama financiero de las entidades, que cada vez tendrían menos posibilidades de sostenerse y continuar operando. Esto derivaría en la falta de atención de millones de ciudadanos afiliados a las EPS.

“Este indicador es crítico, ya que el patrimonio representa la capacidad de respaldo económico de una entidad para absorber pérdidas, garantizar la sostenibilidad financiera y cumplir con sus obligaciones. La progresiva pérdida de patrimonio pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la continuidad del aseguramiento en salud”, se lee en el documento.

Las entidades incluidas en el análisis son: Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, Savia Salud, Sanitas, Coosalud, EPS SOS, A.I.C., Malla Más, Compensar, Comfenalco, Capresoca, Asociación Mutual Ser, Comfachocó, EPS Familiar de Colombia, Salud Bolívar, Fundación Salud Mía, Capital Salud, ANAS Wayuu, Colmedica, EPS Sura, Cajacopi EPS, Salud Total, Pijaos Salud, Dusakawi, Nueva EPS, y Ecoopsos EPS. Algunas de ellas están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Presunta corrupción en las EPS: la postura de Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió a los datos presentados por el centro de pensamiento, poniendo en duda que se trate de pérdidas económicas para las EPS. Desde su perspectiva, los números rojos serían el reflejo de múltiples actos de corrupción presuntamente cometidos al interior de las entidades.

“No son pérdidas, sus dueños se¹ robaron esa plata”, escribió en su cuenta de X.

En una ocasión anterior, el jefe de Estado denunció que hubo irregularidades en el manejo de los recursos públicos destinados a varias EPS del país. Según precisó, el dinero fue utilizado para todo tipo de actividades, diferentes a la prestación de servicios de salud.

De acuerdo con sus afirmaciones, directivos y dueños de las entidades promotoras gozaron de lujos gracias a los recursos malversados. Además, presuntamente, el dinero habría servido para financiar actos de sicariato de los paramilitares.

“No solo se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, sino también jets privados, campos de Golf, mansiones en Miami. Y lo peor: pagos al paramilitarismo para matar gente y clínicas privadas hechas con el dinero público mientras quebraban los hospitales públicos”, denunció.

El caso de la Nueva EPS: facturas escondidas y deudas

La Superintendencia Nacional de Salud intervino la Nueva EPS (incluida en el análisis de Así Vamos en Salud) el 3 de abril de 2024, tras constatar que no cumplía con los requisitos financieros exigidos para operar. La decisión generó controversia política, por lo que el exsuperintendente Luis Carlos Leal Angarita explicó los motivos de la intervención.

En un debate de control político realizado el 30 de mayo de ese año en la Comisión Séptima del Senado, el funcionario expuso las irregularidades descubiertas: “En la Nueva EPS desde el año 2019, e inclusive años atrás, venía ocultando facturas al interior del sistema que no legalizaba”.

Esta práctica tenía como fin encubrir la verdadera magnitud de la deuda. Mientras se calculaba en $500.000 millones, la cifra real alcanzaría los $5,5 billones.