El debate en torno a la convocatoria de la consulta popular del Gobierno nacional por decreto ha motivado el pronunciamiento de políticos, organizaciones y colectividades. Buena parte de quienes han dado a conocer su punto de vista al respecto ha indicado que la decisión del presidente Gustavo Petro sería inconstitucional y estaría ignorando injustificadamente al Senado de la República.
El 14 de mayo de 2025, la plenaria del cuerpo colegiado negó la consulta, al considerar que no sería conveniente convocarla. Sin embargo, el mandatario asegura que el Senado jamás se pronunció –porque no leyó una proposición– y que, además, hubo un presunto fraude en el proceso de votación.
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Sobre este anuncio, el partido Alianza Verde reveló su posición. Por medio de un comunicado informó que el Comité Ejecutivo Nacional de la colectividad se reunió el 4 de junio, tras conocer la decisión del jefe de Estado, para discutir sus implicaciones.
Concluyó que se debe preservar el “debido procedimiento” establecido en la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. En ese sentido, se debe recurrir a los recursos disponibles en la normativa para evaluar la legalidad de la determinación del Senado.
“Las demandas y revisión de la actuación de la Mesa Directiva del Senado en la votación del Consentimiento Previo, curse las etapas jurídicas que permitan, a través del respectivo fallo, declarar la nulidad y/o legalidad de lo actuado por esa corporación”, detalló el partido en el comunicado.
Asimismo, indicó que la consulta popular y cualquier otro mecanismo de participación ciudadana son claves para el ejercicio de la democracia en el país, recordando que en 2018 impulsó la consulta anticorrupción. Dicha iniciativa alcanzó a efectuarse, pero no acumuló la votación necesaria por parte de la ciudadanía para que se pudiera implementar lo que se establecía en las siete preguntas allí plasmadas.
“Confiamos que tanto el Senado de la República como la Presidencia de Colombia, sigan los preceptos establecidos por las leyes, respetando irrestrictamente la Constitución Política de Colombia, en donde nuestros líderes desempeñaron un papel fundamental para su construcción”, concluyó.
Antonio Navarro Wolff, integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza Verde, copresidente y firmante del comunicado, dio a conocer su concepto sobre el debate en torno a la consulta. A través de su cuenta de X, asegurando que el mecanismo de participación no puede adelantarse hasta que la Corte Constitucional estudie, delibere y declare ilegal la decisión tomada por la plenaria del Senado el 14 de mayo.
“Convocar por decreto a una Consulta Popular sobre la Reforma Laboral sin que se haya declarado ilegal por una Corte la votación del Senado al respecto, en mi opinión no se puede”, explicó.
Partidos políticos rechazaron la convocatoria de la consulta
Por medio de un comunicado conjunto, ocho colectividades políticas hicieron notar su rechazo ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de firmar un decreto para convocar la consulta popular, con la que espera garantizar la aprobación e implementación de la reforma laboral oficialista.
Los partidos afirmaron que esta decisión representa una “violación grave, abierta y directa a la Constitución” y que constituye “una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de derecho”. En consecuencia, hicieron un llamado a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales para que intervengan con independencia y bajo el principio de legalidad.
El pronunciamiento fue firmado por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI.
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