Las obras de ampliación de emergencia en el aeropuerto internacional José María Córdova, consideradas clave para enfrentar el creciente flujo de pasajeros, se encuentran detenidas por falta de aprobación por parte de las autoridades nacionales, pese a que el concesionario Airplan tiene listos los diseños y los recursos necesarios para comenzar la ejecución.
La situación ha generado preocupación en el sector de infraestructura, especialmente en Antioquia, donde se advierte que el terminal aéreo —ubicado en Rionegro y principal puerta de entrada aérea del departamento— ya opera por encima de su capacidad instalada.
Aunque el diseño original del aeropuerto proyectaba atender once millones de pasajeros al año, en 2024 esa cifra ya ha sido ampliamente superada, con cerca de 13,8 millones de viajeros movilizados anualmente, según datos recientes.
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Frente a esta sobreocupación, Airplan, empresa encargada de la operación del aeropuerto, formuló desde finales de 2022 una propuesta de ampliación que incluye mejoras en la plataforma de parqueo de aeronaves y una ampliación del edificio terminal.
La iniciativa tiene un costo estimado de 166.538 millones de pesos, de los cuales el concesionario asumiría más de 121.000 millones, con el compromiso de ejecutar las obras en un plazo de un año.
“Hay disponibles más de $100.000 millones por parte del concesionario para hacer unas obras de emergencia que se requieren y que no han podido arrancar por negligencia de la Aeronáutica Civil. Yo quiero hacer un llamado al director de esa entidad para que dé la autorización”, dijo el director en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, José Fernando Villegas.
La intervención contempla la construcción de seis nuevas posiciones de parqueo para aviones, la habilitación de 24 nuevos counters de atención a pasajeros, la instalación de filtros adicionales en los ingresos a las salas de embarque nacional e internacional, así como mejoras en los procesos de inmigración y emigración, con el apoyo de nuevos equipos tecnológicos.
Según estimaciones de Airplan, esta ampliación permitiría aumentar la capacidad del aeropuerto a 17,5 millones de pasajeros anuales, brindando un margen de alivio operativo mientras el Gobierno avanza en la estructuración del plan maestro del terminal.
Sin embargo, pese a que los diseños actualizados fueron entregados desde finales de 2024, el proyecto no ha recibido la autorización por parte de la Aeronáutica Civil ni del Ministerio de Transporte.
La falta de una respuesta oficial ha impedido la firma del otrosí necesario para modificar el contrato de concesión, lo que deja en suspenso la ejecución de las obras.
Versiones conocidas por actores del sector indican que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) habría detenido el trámite, argumentando que no es viable modificar el contrato vigente para incorporar nuevas inversiones.
A su vez, se señala que la Aeronáutica Civil habría expresado su oposición a que estas obras se desarrollen en el marco de la actual concesión, lo que ha dejado el proyecto en un limbo jurídico y administrativo.
El tema habría escalado incluso hasta el Viceministerio de Infraestructura, donde se sugiere que la decisión de no dar luz verde al otrosí ya estaría tomada.
Algunos observadores del sector consideran que detrás de la negativa podría haber una intención por parte del Gobierno Nacional de mantener el control directo sobre futuras inversiones en el aeropuerto, en lugar de permitir que estas sean lideradas por el operador privado actual.
Mientras tanto, el aeropuerto José María Córdova continúa enfrentando una creciente presión operativa, en medio de un panorama en el que los viajes aéreos nacionales e internacionales han venido en aumento tras la pandemia.
La falta de decisión en Bogotá podría agudizar la saturación del terminal en los próximos meses, en especial durante temporadas de alta demanda.
Consultada por la situación, la Aeronáutica Civil indicó que, por el momento, no tiene previsto pronunciarse públicamente sobre el asunto.
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