La ONU exigió respeto a la inmunidad de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, tras órdenes de captura de Guatemala

El secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por los procesos judiciales que se están llevando a cabo en Guatemala contra exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre ellos los colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, que enfrentan órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público guatemalteco.

Según informó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ambos gozan de inmunidad procesal debido a su labor en la Cicig, una protección que, basado en los acuerdos entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, se mantiene incluso después de haber concluido su trabajo en la Comisión.

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La orden de detención, emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, acusa a Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y actual embajador ante el Vaticano, y a Camargo, fiscal General de Colombia, de supuestas irregularidades relacionadas con el caso Odebrecht.

Según el fiscal guatemalteco, Rafael Curruchiche, ambos habrían favorecido a la constructora brasileña Odebrecht, lo que habría generado pérdidas al Estado guatemalteco por más de 3.000 millones de quetzales (aproximadamente 400 millones de dólares). Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción, señaló que los delitos imputados incluyen asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.

La Cicig, creada en 2007 con el respaldo de la ONU, tenía como objetivo desmantelar estructuras criminales incrustadas en el aparato estatal guatemalteco. Durante el período en que Velásquez lideró la Comisión, entre 2013 y 2019, y Camargo se desempeñó como jefa de investigación y litigio, entre 2014 y 2017, se lograron desarticular más de un centenar de redes de corrupción, muchas de ellas vinculadas a políticos, empresarios y funcionarios públicos. Sin embargo, la Cicig fue disuelta en 2019 por el entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales, que enfrentó investigaciones de la Comisión durante su mandato.

En un comunicado oficial, Guterres reiteró que el personal internacional de la Cicig estaba protegido por inmunidad procesal en virtud del acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala. Además, recordó que el Estado guatemalteco se comprometió a garantizar la seguridad de los integrantes de la Comisión frente a posibles abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación. El secretario general también manifestó su inquietud por los numerosos informes que indican que se están utilizando procesos penales para perseguir a quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y fortalecer el sistema de justicia en Guatemala.

Velásquez, a través de su cuenta en la red social X, rechazó las acusaciones en su contra y expresó su solidaridad con los exfuncionarios y ciudadanos guatemaltecos que, según él, han sido forzados al exilio debido a las acciones de la Fiscalía. Por su parte, la orden de captura también incluye a la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana y a otros cinco exfiscales, que actualmente se encuentran fuera del país.

La Sala Tercera de Apelaciones, responsable de emitir las órdenes de detención, ha sido objeto de críticas por parte de expertos en temas judiciales, que cuestionan su imparcialidad. Entre los casos más controvertidos se encuentra el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva más de mil días encarcelado sin que se hayan presentado pruebas concluyentes en su contra.

Es de mencionar que, no es la primera vez que la Fiscalía guatemalteca intenta abrir procesos contra Velásquez. En 2023, se realizaron intentos similares que no prosperaron. Estas acciones se da en un contexto de creciente presión contra exfuncionarios de la Cicig y fiscales guatemaltecos que han investigado casos de corrupción, incluyendo actuaciones de la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.

De acuerdo con el comunicado de la ONU, la persecución de quienes trabajaron en la Cicig representa un retroceso en los esfuerzos por garantizar la transparencia y la justicia en el país centroamericano.