Paloma Valencia denunció las consecuencias del “Pacto de La Picota” y apuntó hacia Gustavo Petro por manejo de la DNI: esto dijo

Con una dura crítica en redes sociales, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, una de las voces más críticas contra el actual Gobierno, señaló el domingo 1 de junio de 2025 que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) vive una crisis profunda: y todo tras haber pasado al mando de un exintegrante del M-19.

Según argumentó la congresista en su más reciente columna de opinión denominada Pacto de La Picota, el relevo de funcionarios con experiencia por personas sin el mismo perfil ha derivado en resultados alarmantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde la perspectiva de una de las férreas opositoras al presidente de la República, Gustavo Petro, la inteligencia colombiana no solo perdió efectividad, sino que terminó envuelta en escándalos por su supuesta protección a miembros de grupos armados ilegales. Una denuncia que, como era de esperarse, escaló en las plataformas digitales y apuntó de forma directa hacia la labor del mandatario y reavivó los “fantasmas” que surgieron durante la campaña presidencial del 2022, y las visitas de su hermano a la referida cárcel.

El caso más reciente involucra a alias Mocho Olmedo: identificado como el segundo al mando de las disidencias de las Farc en el Catatumbo. La denuncia hace referencia a que este jefe criminal habría permanecido oculto y resguardado en Bogotá bajo protección de la DNI, según indicó Noticias Caracol, y con apoyo de la Fiscalía, como parte de un plan para impedir que fuera extraditado.

Al respecto, la congresista dijo que este episodio confirma una tendencia preocupante en la relación del Estado con organizaciones ilegales. “Sacaron mucha gente preparada y con una larga carrera, y la reemplazaron por personas poco competentes. El escándalo ahora es mayúsculo”, señaló la congresista.

Esta situación, de acuerdo con la senadora, está relacionada con el “Pacto de La Picota”: expresión que recuerda, como se mencionaba, los acercamientos que en campaña presidencial tuvieron emisarios cercanos a Petro con reclusos de cárceles del país. De acuerdo con las revelaciones previas a la contienda, individuos asociados a la aspiración visitaron prisiones para ofrecer, a cambio de respaldo político, un “perdón social” a condenados por narcotráfico, corrupción y parapolítica.

Ejemplo de esto habrían sido los audios atribuidos a Marquitos Figueroa, un actor clave en bandas criminales de La Guajira, alentando el voto por Petro; justo después de que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, reconoció encuentros y diálogos con personajes como Álvaro El Gordo García, condenado por la masacre de Macayepo y vinculado al paramilitarismo, así como otros detenidos por narcotráfico y parapolítica. Para la oposición, esta es la prueba de una estrategia para buscar alianzas con poderes al margen de la ley.

Los duros señalamientos de Paloma Valencia al Gobierno Petro y sus aliados

En su comentado escrito, replicado en varios medios regionales, Valencia detalló que los acercamientos no solo involucraron a personas no oficiales, sino a figuras destacadas del Pacto Histórico. Por ello, citó a Piedad Córdoba, reconocida congresista ya fallecida, que habría sostenido conversaciones, incluso dentro de la prisión, con extraditables como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los líderes de la Oficina de Envigado, y Juan José Valencia, alias Andrea, y John Freddy Zapata, alias Messi.

Estos dos últimos relacionados al parecer con el Clan del Golfo, que es una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del país, también llamada como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La intervención del entonces senador Roy Barreras, en la actualidad exembajador de Colombia ante Reino Unido, alimentó aún más la controversia con sus declaraciones en video sobre las visitas y las promesas de no extradición, dirigidas al parecer por algunos de los miembros de la coalición del Pacto Histórico.

En paralelo, Valencia recordó que entre 2022 y 2023 el Gobierno impulsó proyectos de ley y decretos para beneficiar jurídicamente a criminales. “También intentó levantar órdenes de captura de al menos tres narcotraficantes pedidos en extradición. Desde el Congreso logramos parar o modificar varios de esos proyectos”, contó.

En efecto, en ese sentido, afirmó que gracias a la presión legislativa algunos textos fueron frenados o modificados, aunque el Ejecutivo avanzó con la declaración de ceses al fuego bilaterales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y la estructura Sierra Nevada; aunque sin que arrojaran resultados. Para la senadora, esto desembocó en una política que, más que facilitar la paz, desmotivó la acción de las Fuerzas Armadas.

A su vez, Valencia respaldó sus críticas con cifras. Señaló una reducción de 12% en el número de integrantes del Ejército Nacional, con 18.000 soldados menos que en 2021. La Fuerza Aeroespacial, según la congresista, experimentó una disminución del 8% en su personal, sumada a la paralización de una proporción significativa de la flota aérea militar y policial; en tanto que el de mantenimiento y compra de aeronaves habría caído 60%, de acuerdo con sus señalamientos.

En los primeros 32 meses del Gobierno Petro, acotó la senadora, la violencia se disparó: 255 miembros de la fuerza pública asesinados; la extorsión aumentó un 56%, el terrorismo un 54% y los homicidios intencionales un 9,5%. Del mismo modo, el asesinato de líderes sociales subió un 47% y el reclutamiento forzado de menores un 77%.; mientras que los grupos ilegales —insiste— se expandieron hasta superar los 800 municipios, por lo que estimó que existen 24 mil personas en armas al margen de la ley, 8.000 más desde 2022.

Por último, y sobre la reciente decisión de crear una zona de distensión en Tibú para el frente 33 de las Farc, Valencia advirtió que la medida alarma a comunidades gravemente afectadas durante años por el conflicto.

“A veces da la impresión de que el Gobierno, más que garantizar la seguridad a los ciudadanos, tiene más interés en los ilegales, acaso en cumplirles las promesas empeñadas”, expresó la parlamentaria en su columna.

Y cuestionó, además, el uso de aeronaves oficiales para trasladar cabecillas y el presunto uso de la inteligencia estatal para evadir la acción judicial, al tiempo que calificó las acciones de la Fiscalía como omisas o cómplices. Por ello, sostuvo que el concepto de Paz Total solo ha consolidado ventajas para las estructuras criminales a costa de la seguridad ciudadana, mientras el país presencia, a su juicio, una inquietante transformación en la relación entre Estado y criminalidad organizada.