Un laboratorio clandestino para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, compuesto por siete estructuras, fue desmantelado en la vereda Alto Zapanque, municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, según el Ejército Nacional.
En la operación, que afectó significativamente las finanzas de un grupo armado ilegal, se incautaron 475 kilogramos de cocaína lista para su distribución, así como 2.212 galones de cocaína en proceso y 2.239 galones de insumos líquidos utilizados en la producción del alcaloide.
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Este golpe representa una pérdida económica estimada en 13.465 millones de pesos para la organización criminal, según el Ejército Nacional.

El operativo fue llevado a cabo por tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, con el apoyo del Grupo de Explosivos y Demoliciones EXDE, perteneciente al Batallón Contra el Narcotráfico N.°4. En esta misión destacó la participación de Daga, una pastor belga de dos años y medio, entrenada para detectar explosivos y alertar sobre posibles minas antipersonales.
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Una canina explosiva
De acuerdo con el Ejército Nacional, Daga trabaja junto a su binomio, el soldado Pardo, en las selvas húmedas y biodiversas de Nariño, donde los grupos armados ilegales suelen instalar artefactos explosivos improvisados para proteger sus enclaves cocaleros.
El laboratorio desmantelado estaba vinculado a la Estructura Alfonso Cano, una facción del grupo armado organizado residual (GAO-r) conocido como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, liderado por alias Iván Márquez. Este grupo, según las autoridades, utiliza los recursos provenientes del narcotráfico para financiar sus actividades ilegales, incluyendo la adquisición de armamento y la instalación de minas antipersonales en zonas estratégicas.
Además de la cocaína incautada, el Ejército Nacional informó que se evitó la comercialización de aproximadamente 950.000 dosis de droga en Estados Unidos, uno de los principales mercados de destino para este tipo de sustancias. Este resultado no solo representa un golpe económico para la organización criminal, también contribuye a la lucha contra el narcotráfico y sus efectos en la seguridad regional.
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Daga, que forma parte activa de las operaciones militares en el suroccidente del país, desempeña un papel crucial en la detección de explosivos y en la verificación de áreas como helipuertos improvisados, en el que asegura que estén libres de amenazas antes de que las tropas puedan avanzar. Su entrenamiento especializado ha sido clave en múltiples operaciones de interdicción de narcóticos, que ya suma seis intervenciones exitosas en esta región.
El Ejército Nacional destacó que la labor de Daga y su equipo no solo se limita a la detección de explosivos, sino que contribuye a garantizar la seguridad de las tropas en un entorno hostil, donde los grupos armados ilegales recurren al uso indiscriminado de artefactos explosivos para proteger sus actividades ilícitas. La lucha contra el narcotráfico en esta zona del país continúa siendo una prioridad para las autoridades, quienes enfrentan desafíos constantes debido a la complejidad del terreno y la presencia de actores armados al margen de la ley.
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Con operaciones como esta, el Ejército Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las economías ilícitas que financian a los grupos armados ilegales. Mientras tanto, Daga seguirá siendo una pieza fundamental en estas misiones, aportando su entrenamiento y habilidades para proteger a las tropas y garantizar el éxito de las operaciones en una de las regiones más afectadas por el conflicto y el narcotráfico en Colombia.
Cabe destacar, que en lo que va de 2025, las autoridades de Bogotá han logrado incautar un total de 5,2 toneladas de estupefacientes, según informó la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
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Este esfuerzo forma parte de una estrategia intensiva para combatir la venta y distribución de drogas ilegales, así como a las organizaciones criminales que se financian a través de este negocio ilícito. Además, se ha reportado la captura de 2.413 personas involucradas en actividades relacionadas con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
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