La Superintendencia de Sociedades ha ordenado la suspensión inmediata de las actividades de la Asociación Mutual para Profesionales de la Fuerza e Infantes de Marina (Asomuffaa), tras identificar irregularidades en sus operaciones financieras.
Según informó W Radio, la entidad determinó que Asomuffaa habría recibido recursos de más de siete mil inversionistas, acumulando un monto superior a los 241.000 millones de pesos, bajo esquemas que podrían calificarse como captación ilegal de dinero.
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Este caso ha generado un impacto, especialmente porque entre los afectados se encuentran miembros de la fuerza pública.
De acuerdo con La República, la Superintendencia señaló que Asomuffaa ofrecía tasas de interés que oscilaban entre el 34.5% y el 72% efectivo anual, cifras que superan ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero regulado.
Estas promesas de rentabilidad, que incluían un retorno mensual fijo del 6%, carecían de una justificación financiera razonable.
Además, la asociación no presentó la documentación requerida para respaldar las inversiones realizadas en Estados Unidos a través de Capital Miami Investors LLC, lo que incrementó las sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
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La investigación reveló que las obligaciones de Asomuffaa superan en más del 100% su patrimonio líquido, que asciende a 12.323 millones de pesos.
Según los datos proporcionados por la Superintendencia, las inversiones reportadas alcanzan los 212.700 millones de pesos, afectando a aproximadamente 7.500 inversionistas.
La entidad reguladora justificó la medida de suspensión, amparándose en el Decreto Legislativo 4334 de 2008, con el objetivo de proteger el interés público y garantizar los derechos de los depositantes.
El caso de Asomuffaa ha estado rodeado de controversias adicionales. Según W Radio, la asociación ya había sido intervenida en 2023 por la Superintendencia de la Economía Solidaria (SuperSolidaria), que descubrió que operaba bajo un esquema similar al de una pirámide.
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Además, se reportó la implicación del agente interventor Nayib Tapia en las irregularidades, mientras que el exrepresentante legal de la asociación falleció en medio del escándalo, lo que añadió un elemento de complejidad al caso.
La Superintendencia de Sociedades destacó que las modalidades empresariales solidarias, como Asomuffaa, deben regirse por principios de solidaridad y bienestar para sus asociados.
En palabras del superintendente Billy Escobar, es esencial aplicar rigurosamente las normas que regulan estas entidades para salvaguardar los recursos de sus miembros y afiliados.
Asimismo, la entidad afirmó que trabajará para procurar la devolución de los recursos a los afectados, aunque no se especificaron plazos ni mecanismos concretos para este proceso.
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Entre los inversionistas afectados se encuentran miembros de la fuerza pública, lo que podría derivar en implicaciones adicionales para este grupo, dada su vinculación con una asociación que ahora enfrenta acusaciones de captación ilegal de dinero.
Según W Radio, los recursos captados por Asomuffaa eran enviados a Estados Unidos, lo que podría complicar aún más la recuperación de los fondos y el esclarecimiento de las operaciones financieras de la asociación.
Este caso pone de manifiesto los riesgos asociados a las promesas de altas rentabilidades en esquemas financieros no regulados. La Superintendencia de Sociedades reiteró su compromiso de velar por el interés público y recordó la importancia de que las entidades solidarias cumplan con su propósito original, promoviendo el bienestar de sus asociados y respetando las normativas vigentes.
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Detenidos un teniente y una exasesora por corrupción en contratos de la Armada
La Procuraduría General de la Nación de Colombia ha iniciado una investigación preliminar para desentrañar un presunto esquema de corrupción en la Armada Nacional, que involucra la adjudicación irregular de contratos por un valor aproximado de 4.500 millones de pesos colombianos.
Según reportó Caracol Radio, los contratos en cuestión están relacionados con servicios de salud y saneamiento básico en regiones como Bogotá, Valle del Cauca y Guainía.
La investigación busca identificar a los responsables de estas prácticas ilícitas, que habrían beneficiado a ciertos contratistas mediante sobornos y manipulación de datos.
Entre los principales señalados en este caso figuran el teniente de fragata Miguel Villanueva y la exasesora Nelcy Herrera, quienes ya se encuentran bajo detención preventiva. Según detalló Caracol Radio, ambos son acusados de liderar un esquema que exigía pagos ilegales a contratistas interesados en obtener contratos con la institución militar.
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La investigación también se centra en determinar si existen más personas involucradas en esta red de corrupción.
Un testimonio clave en el caso proviene de Rafael Urbina, un contratista que declaró ante la Fiscalía haber sido abordado en varias ocasiones por Nelcy Herrera.
Según Urbina, Herrera lo persuadió para presentar propuestas económicas que serían manipuladas a su favor, siempre y cuando aceptara pagar una comisión. Sin embargo, Urbina manifestó sentirse traicionado cuando, en un contrato específico valorado en 216 millones de pesos, no recibió el trato prometido.
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