Procuraduría abrió investigación por millonario contrato en Ecopetrol que tiene ‘en jaque’ a Ricardo Roa

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades disciplinarias en torno al otrosí firmado por Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling, un contrato que, inicialmente aprobado por 875.000 dólares, fue incrementado a 5,8 millones de dólares sin la debida autorización de la junta directiva ni del presidente de la petrolera, Ricardo Roa.

Este millonario contrato, que buscaba asesoría legal para medir el impacto de las investigaciones y señalamientos en contra de Roa, han desatado una crisis interna en la Junta Directiva y generado un fuerte escándalo público.

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Según fuentes consultadas por El Tiempo, la junta se encuentra reunida de nuevo para abordar la situación, mientras que la renuncia de Ricardo Roa al cargo de presidente de Ecopetrol parece cada vez más inminente.

El presidente de la junta, Guillermo García Realpe, calificó la firma del otrosí como “grave y abusiva” y afirmó en W Radio que no autorizó la ampliación del contrato. Incluso, algunos miembros de la junta aseguran desconocer la existencia del contrato y del otrosí, por lo que están exigiendo un informe detallado para determinar si hubo suplantación de la máxima autoridad de la petrolera.

Una fuente cercana a la investigación indicó que “este tipo de contrataciones es manejado exclusivamente por la Dirección de Cumplimiento, en coordinación con el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, y que, según el gobierno corporativo, Ricardo Roa no debería tener participación en esta contratación, ni conocimiento del objeto, monto, ni alcance del contrato”.

El director de Cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, es señalado como responsable directo de la firma del otrosí sin aprobación formal, lo que ha motivado una indagación interna para determinar responsabilidades.

Contexto legal y político: la sombra de la campaña presidencial

Este escándalo no es el único frente que afecta la imagen de Ricardo Roa. Paralelamente, la Procuraduría le solicitó al Consejo Nacional Electoral sancionar a Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando Roa era gerente de campaña.

Según el Ministerio Público, Roa habría ocultado gastos y excedido los topes legales permitidos, incluso solicitando la devolución de 154 millones de pesos por excedentes en gastos.

Frente a estas denuncias y el contrato con Covington & Burling, el presidente Gustavo Petro inicialmente negó la existencia del otrosí y calificó como “falsa” la información sobre el polémico contrato millonario. En un mensaje en su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que “toda la información sobre el contrato de Ecopetrol por 5 millones de dólares, contratos que se hacen desde el 2008, resultó falsa”.

Sin embargo, la realidad parece contradecir esa afirmación. Según actas de la Junta Directiva conocidas por Caracol Radio, la ampliación del contrato fue firmada el 1 de diciembre de 2024, sin conocimiento ni aprobación formal, y se destinaron cerca de 1,6 millones de dólares antes de que el contrato fuera suspendido en febrero de 2025, cuando Roa expresó públicamente su indignación por la forma en que Covington manejó una inspección forense de sus dispositivos electrónicos.

¿Qué sigue para Ecopetrol y sus directivos?

La Procuraduría ha asignado el caso a Investigaciones Especiales para iniciar una investigación disciplinaria que determine la responsabilidad de los servidores involucrados. La Junta Directiva, por su parte, ha convocado una reunión extraordinaria para el 29 de mayo, en la que se espera tomar decisiones claves sobre la continuidad de Roa, la posible designación del ministro de Minas, Edwin Palma, como su sucesor, y la responsabilidad del director de cumplimiento, Alberto Vergara.

Por ahora, el futuro de Ecopetrol parece en vilo, con un proceso disciplinario y político que no solo pone en riesgo la presidencia de Ricardo Roa, sino que también abre un debate sobre la transparencia y las prácticas de contratación en la empresa estatal más importante del país.