Un documento clasificado al que tuvo acceso Revista Semana revela que 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física.
Según el contenido del memorando, firmado el 26 de diciembre de 2024, se solicitó conservar sin alteraciones ni destrucción cualquier dato relacionado con actividades contractuales y corporativas de interés para la compañía.
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El documento, identificado como “confidencial”, detalla que la medida aplica sobre correos electrónicos, documentación física, soportes digitales y dispositivos tecnológicos, tales como computadores, celulares y tabletas.
En la directriz se especifica que “se garantice que no se pueda alterar, borrar o destruir cualquier tipo de información relacionada con los asuntos mencionados”, lo cual incluye “contratos, actas, correspondencia, registros financieros, notas, apuntes, borradores de cualquier documento relevante, etc.”
El encargo aparece firmado por Alberto José Vergara, director corporativo de cumplimiento, quien autorizó la acción durante el receso de fin de año. De acuerdo con el texto, cualquier divulgación relacionada con este procedimiento debía contar con su aprobación explícita.
“Toda vez que la verificación mencionada se enmarca en la confidencialidad y la reserva, es necesario que la información de los asuntos referidos no deberá ser compartida, divulgada o entregada a personas o instancias que no estén expresamente autorizadas por la Dirección Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol S.A”, se indica en el escrito.
Según fuentes citadas por Revista Semana, el proceso fue asociado con la revisión de un contrato firmado con la firma Covington & Burling LLP por un monto cercano a los 5 millones de dólares.
La razón oficial del convenio habría sido modificada posteriormente, enfocándose en la inspección de comunicaciones internas, según afirmaron integrantes del equipo directivo.
Entre los nombres incluidos en la lista de destinatarios de esta instrucción aparecen Luis Alberto Zuleta, miembro de la junta; Rafael Ernesto Guzmán Ayala, vicepresidente Ejecutivo; Nicolás Azcuénaga Ramírez, vicepresidente de Nuevos Negocios; Fabio Ortega, gerente de Nuevos Negocios de Hocol; y Alberto Enrique Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo. También figuran Elsa Jeanneth Jaimes, responsable de Costa Afuera; Germán González, secretario general; Vicky Rocío Vélez Rodríguez, vicepresidenta de Exploración en Hocol; Benjamín Fernández, gerente de proyectos; Alexander Cadena, presidente de Cenit; Pilar Marulanda, encargada de recursos humanos en Cenit; y Julio Corredor, gerente de cumplimiento de esta misma filial.
Al conocerse la existencia del documento, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se comunicó con el medio y aseguró: “Jamás le di una instrucción a Vergara para esta labor. Yo mismo fui víctima de ese procedimiento. No ordené esas interceptaciones. Informé a la junta directiva del mismo”.
El caso también ha sido vinculado a la reciente salida de Mónica de Greiff de la junta directiva. Inicialmente se reportó que su decisión habría sido provocada por cambios en la presidencia de Ecopetrol, ante la posible llegada del actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que su retiro podría estar relacionado con el malestar generado por las acciones de vigilancia interna.
La decisión de realizar una retención masiva de información surge en medio de filtraciones reiteradas a medios de comunicación, que habrían motivado a la administración de Roa a rastrear el origen de los datos divulgados. En ese contexto, el rol del director de cumplimiento habría sido clave para coordinar la recolección de elementos digitales de los funcionarios mencionados.
Este procedimiento no ha sido calificado como ilegal por los conocedores del tema, ya que se habría enmarcado dentro de protocolos internos de cumplimiento establecidos por la empresa. Sin embargo, el hecho de que la instrucción incluyera al propio presidente de Ecopetrol genera interrogantes sobre el alcance real de la medida y su justificación.
El memorando enfatiza que la actuación debía permanecer bajo estricta reserva, de modo que solo quienes contaran con la autorización de la Dirección de Cumplimiento podrían tener conocimiento del contenido, propósito y ejecución de la orden.
El contexto de este episodio se agrava por la magnitud de la empresa involucrada. Ecopetrol, como principal compañía estatal del país, es responsable de una parte significativa de los ingresos nacionales y posee operaciones estratégicas tanto a nivel local como internacional.
Por ahora, se desconoce si las autoridades de control han iniciado algún tipo de indagación respecto a los procedimientos internos utilizados en esta retención de información.
Lo que sí está claro es que el documento, que ya está en poder de Revista Semana, ha reavivado las tensiones dentro del órgano directivo de Ecopetrol y podría desencadenar nuevas decisiones dentro de su estructura administrativa.
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