El senador de la Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, afirmó en el programa El debate, de Semana, que el congresista David Racero tiene al menos ocho familiares vinculados a cargos públicos.
Según Jota Pe Hernández, esta situación representa una práctica de nepotismo en la administración estatal.
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Las declaraciones del senador de la Alianza Verde se dan en medio de la polémica que enfrenta el expresidente de la Cámara por los recientes audios revelados por el periodista Daniel Coronell, donde dejan ver un presunto abuso laboral y clientelismo.
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El representante también es investigado por la Procuraduría General de la Nación por el caso que menciona el senador Jota Pe Hernández en programada del citado medio de comunicación.
El senador de la Alianza Verde señaló en El Debate de Semana: “Los colombianos tienen que saber que cerca de una decena de familiares de David Racero están bien contrataditos en el Gobierno”.
Luego, detalló los nombres y cargos de los familiares de Racero que estarían involucrados en diferentes entidades públicas.
Entre ellos mencionó a José Luis Mayorga, tío del congresista, quien ha sido ampliamente reconocido; Daniel Racero Gómez, que trabajó en el Ministerio de Educación; y Camila Racero Gómez, que estuvo vinculada a la Superintendencia de Industria y Comercio.
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También identificó a José Manuel Márquez Mallorca, en Colombia Compra Eficiente; Tania Carmona Racero, en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y a Félix Darío Racero, en el Sena regional del Cesar.
A estos se suman Edgar García Mallorca, en la Superintendencia de Notariado y Registro; Leila García Mallorca, en el Ministerio de Medio Ambiente, y Ángela María Araújo, esposa de un primo de Racero, en el Ministerio de Justicia.
El senador aseguró que esta práctica debe ser conocida por la opinión pública para entender el alcance del nepotismo en el sector público.
Polémicas en torno a David Racero
Clientelismo en el Sena
David Racero, representante a la Cámara, fue denunciado por supuestamente coordinar con el exsenador de la Alianza Verde, Jorge Londoño, la asignación de varios cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Valledupar, Cesar.
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En una conversación revelada por la revista Cambio, Racero pregunta a Londoño sobre la posibilidad de que el Centro Democrático obtenga puestos en la región, a lo que Londoño responde que se debería reservar una parte para los verdes.
La gestión de esta operación habría estado a cargo de José Luis Mayorca, tío de Racero, quien presuntamente se encargaría de negociar con el director regional del Sena los contratos.
“Tú me dirás en qué subdirección crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS? (sic)”, le preguntó Racero a Londoño, que respondió: “Claro que sí, pero déjale alguito a los verdes (sic)”, reveló la Revista Cambio.
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La Procuraduría informó que investiga la posible asignación de cargos a personas vinculadas políticamente al grupo de Racero, desplazando a funcionarios de otras agrupaciones, así como la participación del director regional, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
Abusos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)
David Racero también fue acusado de exigir a una asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que entregara parte de su salario. Además, habría utilizado a otro colaborador para gestionar un negocio familiar de frutas y verduras y de gestionar cargos en entidades oficiales.
Estas denuncias surgieron tras la publicación de mensajes de WhatsApp que mostrarían al congresista solicitando esos dineros. Racero ha negado cualquier conducta irregular y solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría iniciar investigaciones para aclarar los hechos.
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La Procuraduría señaló que, según información divulgada en medios, el representante habría pedido a una de sus asesoras parte de sus ingresos, en referencia a un chat de 2019 divulgado por el periodista Daniel Coronell entre Racero y Estefanía Montoya, exmiembro de su UTL.
Contratación de dos esposas de sus primos
David Racero Mayorca, entonces presidente de la Cámara de Representantes entre 2022 y 2023, habría utilizado recursos públicos para contratar a familiares y aliados políticos en Valledupar, Cesar, según una investigación de La Silla Vacía.
Durante ese periodo, se adjudicaron contratos por más de 250 millones de pesos a personas vinculadas con su círculo cercano, incluyendo a las esposas de dos primos, periodistas locales y amigos de la familia. Algunos de estos beneficiarios participaron activamente en la campaña a la Gobernación del Cesar de su tío, José Luis Mayorca, quien obtuvo 2.229 votos en las elecciones.
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