Exdocente de la Universidad Nacional fue destituido e inhabilitado por acosar sexualmente a una contratista

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilitación por 12 años de José Guillermo Castro Ayala, quien se desempeñaba como docente de la Universidad Nacional de Colombia.

La decisión, emitida por la Sala de Procesos de Personal Académico del Tribunal Disciplinario de la institución, se fundamenta en la comisión de conductas constitutivas de acoso sexual.

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De acuerdo con el órgano de control, Castro Ayala, que además supervisaba contratos de prestación de servicios en el centro educativo, hizo tocamientos y emitió comentarios denigrantes y discriminatorios hacia una contratista, basándose en su género.

Estas acciones ocurrieron durante la relación contractual que mantenía con la víctima, lo que el ente disciplinario calificó como un aprovechamiento de su posición para hostigarla y asediarla.

Los actos incluyeron comentarios sexualizados e inapropiados, tanto en privado como frente a terceros. El fallo señala que las conductas del exprofesor de Derecho fueron persistentes y motivadas por fines libidinosos, lo que constituyó una infracción a su deber funcional.

La Procuraduría destacó que estas acciones violaron el principio de moralidad en la función pública y atentaron contra los valores democráticos que la Universidad Nacional de Colombia busca promover, como la tolerancia y el respeto por los derechos humanos.

Además, el organismo disciplinario determinó que el comportamiento de Castro Ayala afectó derechos fundamentales protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Didh).

Entre estos derechos se encuentran la integridad y formación sexuales, el libre desarrollo de la personalidad y la honra de la contratista, quien era miembro de la comunidad universitaria.

El órgano de control asumió el caso en ejercicio del poder disciplinario preferente y resolvió el recurso de apelación presentado por el exprofesor universitario. En su decisión, la Procuraduría determinó que no procede ningún recurso adicional contra el fallo de segunda instancia, lo que hace definitiva la sanción impuesta a Castro Ayala.

La resolución de este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar entornos laborales y educativos libres de acoso y discriminación, así como el compromiso de las instituciones públicas con la protección de los derechos fundamentales de sus integrantes.

Procuraduría ratifica destitución e inhabilidad por 15 años para profesor en Yopal

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilitación por quince años de Germán Torres Aguilar, profesor de educación física en un colegio de Yopal, Casanare, tras ser hallado culpable de abusar de una menor de edad.

Según el fallo de segunda instancia, Torres Aguilar no podrá ejercer funciones públicas en ningún cargo durante el periodo establecido, decisión que no admite recurso alguno.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Procuraduría, los hechos ocurrieron en noviembre de 2017. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento determinó que el docente utilizó su posición de autoridad en la institución educativa para realizar tocamientos indebidos a la menor en un salón destinado al almacenamiento de materiales deportivos.

Este abuso fue calificado como una conducta gravísima cometida a título de dolo, lo que refleja la intencionalidad y la gravedad del acto.

El fallo fue emitido con perspectiva de género y sensibilidad hacia la niñez, garantizando los derechos de verdad y justicia disciplinaria para la víctima. Según informó la Procuraduría, esta decisión busca no solo sancionar al responsable, sino también enviar un mensaje contundente sobre la importancia de proteger a los menores en los entornos escolares y combatir la violencia y el abuso en estos espacios.

Durante la investigación, se recopilaron pruebas suficientes que permitieron establecer la responsabilidad directa de Torres Aguilar en los hechos denunciados.

La Procuraduría destacó que la sanción impuesta asegura que el docente no podrá acceder a ningún cargo público durante el periodo de inhabilidad, reforzando las medidas de protección hacia los menores en las instituciones educativas.