Durante el debate de control político que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2025 en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló detalles de la situación financiera de la Nueva EPS, que demuestran que hay falta de información al respecto. De acuerdo con sus declaraciones, hasta el momento se desconoce cuál es la deuda exacta que tiene la entidad.
“Hay un problema bastante serio allá (…), la deuda que ha venido apareciendo en la Nueva EPS, que todavía creo que no… todavía no sabemos de qué tamaño es la deuda”, precisó el funcionario en el Congreso.
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Por eso, aclaró que el Gobierno debe ser muy cuidadoso al momento de dar respuestas sobre la valoración del tamaño del problema que presenta la entidad promotora de salud y, por tanto, en el manejo que se dará.
“La Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados y/o aprobados de los años 2023 y 2024, que permitan establecer de manera oficial sus pasivos. En el reporte con corte al 31 de diciembre de 2023, se registraron $6.209.000.000.000 de pasivos”, precisó.
Asimismo, aseguró que la responsabilidad de resolver la situación de la entidad promotora de salud, cuyo pasivo, presuntamente, estaba “escondido”, no recae únicamente en el Gobierno nacional; hay otros actores involucrados. Recordó entonces que la participación accionaria en la entidad es mayoritariamente privada, aspecto que se debe tener en cuenta al momento de asumir sus pasivos, respetando la compatibilidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (Mgmp) y el Marco Fiscal de Mediado Plazo (Mfmp).
Además, según el ministro, los pasivos de la EPS en cuestión no son atribuibles a la reforma a la salud del Gobierno, puesto que se generaron en el actual sistema general de seguridad social.
Por ahora, la administración se ha encargado de garantizar la atención de 11 millones de personas afiliadas, pero, por el momento, se desconoce con cuánto deberá intervenir el Gobierno para sanear las deudas. “Hay una cosa absolutamente clara: es que la responsabilidad del Gobierno en la administración de la Nueva EPS sí está absolutamente garantizada. Es decir, los 11 millones de colombianos le preocupan al Gobierno y no van a dejar de ser atendidos”, dijo.
Nueva EPS habría ocultado facturas con deudas billonarias
El 3 de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud intervino a Nueva EPS tras determinar que no cumplía con los requisitos financieros habilitantes para operar. Esta decisión generó polémica entre algunos políticos, quienes calificaron la medida como una represalia del Gobierno y la consideraron parte de un esfuerzo por desmantelar el sistema de salud.
Sin embargo, la entidad defendió su decisión, asegurando que el objetivo de la intervención era prevenir la quiebra de la EPS. Pese a ello, surgieron interrogantes sobre la intervención, los cuales llevaron al exsuperintendente Luis Carlos Leal Angarita a dar explicaciones durante un debate de control político el 30 de mayo, en la Comisión Séptima del Senado.
En esa ocasión, el funcionario reveló que desde 2019, e incluso desde años anteriores, la Nueva EPS presentaba irregularidades, como la omisión de facturas. “Venía ocultando facturas al interior del sistema que no legalizaba”, afirmó. El ex servidor público indicó que con estas prácticas se buscaba encubrir la magnitud de la deuda de la entidad, la cual no era de $500.000 millones, como se creía, sino de por lo menos $5,5 billones.
“Lo que teníamos conocimiento, hasta que se hizo la intervención, era que la EPS tenía una deuda con hospitales públicos y privados. En muchas oportunidades, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos señalaban que el pasivo o la deuda reconocida por las EPS era mucho menor que la real”, puntualizó.
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