Fiscalía aplazó audiencia de imputación de cargos contra César Manrique, exdirector de Función Pública, por millonario desfalco en la Ungrd

La audiencia judicial programada para imputar cargos al exdirector de Función Pública, César Manrique, y a otras siete personas relacionadas con un presunto caso de corrupción fue reprogramada para el próximo 4 de junio.

Según informó la Fiscalía, estas personas presentaron excusas médicas para justificar su inasistencia, lo que llevó al Juzgado 66 Penal de Control de Garantías a posponer el procedimiento inicialmente programado para el martes 27 de mayo.

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El caso involucra el supuesto direccionamiento irregular de recursos por un monto de 100.000 millones de pesos en un convenio establecido entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Agencia Nacional de Tierras.

Según informó la Fiscalía, también se solicitarían medidas de aseguramiento privativas de la libertad para todos los implicados, argumentando que su libertad podría entorpecer el avance del proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema de corrupción se habría articulado a través de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el cual fue modificado sustancialmente para facilitar el desvío de recursos públicos.

Este convenio habría servido como fachada para uno de los desfalcos más graves en la historia reciente de la entidad. Entre los delitos imputados se encuentran concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad documental y lavado de activos.

El listado de imputados incluye, además de César Manrique, a Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado; Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la Ungrd; Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representantes de la Corporación Mixta Yapurutú; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la Ungrd.

Según detalló la Fiscalía, cada uno de ellos habría desempeñado un rol específico en el direccionamiento de contratos y el desvío de recursos.

El caso de César Manrique ha captado especial atención debido a su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su historial como exintegrante del M-19. La Fiscalía lo señala como parte de una red que habría facilitado el desvío de recursos mediante modificaciones presupuestales al convenio entre la Ungrd y la ANT.

Estas modificaciones habrían permitido el recorte de cien mil millones de pesos, que posteriormente habrían sido utilizados con fines políticos y para beneficiar a aliados del Gobierno.

Según testimonios de otros implicados, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, Manrique habría participado en reuniones clave donde se tomaron decisiones sobre la asignación de contratos y el reparto de recursos.

La investigación también salpicó a otros exfuncionarios de alto nivel.

Entre ellos se encuentran Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que está a la espera de que se avale un preacuerdo con la Fiscalía; Sneyder Pinilla, el primer condenado por este escándalo; y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien será acusada formalmente el jueves 12 de junio.

Así mismo, el caso alcanzó a Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia, que habría solicitado la entrega de contratos por 60.000 millones de pesos a Iván Name y 10.000 millones al representante liberal Andrés Calle, ambos actualmente detenidos.

La audiencia de imputación, que se realizará de manera virtual, representa un avance significativo en el proceso de judicialización de este caso, considerado uno de los más graves en términos de corrupción sistemática dentro de la Ungrd.

Según consignó la Fiscalía, el objetivo principal de estas diligencias es garantizar la recuperación de los recursos públicos desviados y establecer responsabilidades penales para los involucrados.

En noviembre de 2024, César Manrique renunció a su cargo en el Departamento Administrativo de la Función Pública, alegando problemas de salud. Sin embargo, su salida coincidió con el avance de las investigaciones y los testimonios que lo vinculan directamente con el esquema de corrupción.

Este caso se suma a otros episodios en los que Manrique ha estado involucrado, como un escándalo durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación destacó que esta investigación forma parte de una estrategia más amplia para desmantelar redes de corrupción que operan en el sector público.

La imputación de cargos a estas ocho personas es solo una de las líneas de acción en un caso que sigue revelando nuevas implicaciones y conexiones dentro del aparato gubernamental.