Ocho personas siguen desaparecidas en Guaviare tras ser citadas por disidencias de las Farc

Un grupo de ocho personas, entre ellos líderes religiosos y miembros de iglesias evangélicas, desapareció hace más de un mes en zona rural de Calamar, Guaviare, tras haber sido convocado por integrantes de las disidencias de las Farc.

Desde entonces, no se ha recibido ninguna señal que permita establecer si se encuentran con vida o si fueron víctimas de un crimen.

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Los desaparecidos hacían parte de una misión con carácter comunitario y religioso. Según familiares y miembros de la comunidad, su presencia en el área tenía fines humanitarios, especialmente para llevar un mensaje de fe a quienes habitan esta región marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

El 3 de abril, uno de los desaparecidos recibió una videollamada en la que se le solicitaba que, junto a otra persona, acudiera a una reunión en la vereda Puerto Nuevo.

Así lo relató una familiar a Revista Semana: “Lo llamaron por videollamada, dijeron que requerían a dos personas de la comunidad. A Carlos Valero y a Isaías Gómez”.

La citación incluía nombres y fotografías. Para el día siguiente, se sumaron nuevos convocados: “Jesús Valero, Marjorie Hernández, James Caicedo, Óscar Marino. ‘Debían ir a arreglar algo, no sabíamos qué’, añade la mujer”.

La comunidad asegura que ese sábado los hombres salieron hacia la vereda mencionada. Fueron acompañados, hasta cierto punto, por dos de sus esposas, pero al llegar, les impidieron continuar. Los hombres siguieron solos. “Les dijeron que los esperaran hasta las tres de la tarde, que regresarían. Pasaron las tres, pasó el día entero. Nunca volvieron”, relataron los familiares.

Desde entonces, reina la incertidumbre. “¿En qué vamos? En nada. Las autoridades acá no se pronuncian. Literalmente, en nada”, afirmó una de las hijas de los desaparecidos.

En total, cuatro de los desaparecidos pertenecían a la Iglesia Alianza de Colombia; tres más hacían parte del concilio cuadrangular y uno era simpatizante de estas congregaciones. También estaban involucrados en labores comunitarias. “Uno de ellos, Nixon, era presidente de la Junta de Acción Comunal. Isaías también fue líder”, afirmó un pastor que conocía a los afectados.

Dos mujeres, Maribel y Marjorie, dejaron hijos pequeños que hoy están al cuidado de familiares mayores. “Son niños que quedaron al cuidado de abuelos. Cosas como estas no deberían ocurrir en nuestro país y uno queda desconcertado”, declaró el pastor.

En Calamar, los cultos ya no se celebran como antes. Las bancas vacías y el temor constante han transformado la rutina religiosa. El ambiente está marcado por la ausencia y el miedo. “Después de las seis de la tarde no se puede andar. Los cultos deben hacerse antes. Nos toca acatar, porque la vida está en juego”, explicó un líder religioso, solicitando la reserva de su identidad.

Aunque la comunidad exige respuestas, las autoridades locales y nacionales han permanecido en silencio. El único pronunciamiento ha sido un anuncio del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, quien ofreció una recompensa sin resultados.

“Un mercado no nos devuelve a nuestros familiares. Una charla no borra la angustia. El alcalde cree que todo es con mercados y ayudas con psicólogos”, criticó uno de los dolientes.

El frente armado vinculado a las disidencias publicó un escueto comunicado días después: “No nos hacemos responsables de desapariciones”. Desde entonces, ninguna autoridad ha confirmado si los religiosos fueron secuestrados o si están muertos.

La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, aseguró que activó los canales institucionales al conocer el caso. “Tan pronto tuve conocimiento, el 12 o 13 de abril, activé todos los mecanismos institucionales a mi alcance”, dijo.

Según explicó, acudió a la Comisión Legal de Paz del Congreso, ofició a la Fiscalía y al Ejército Nacional, y mantuvo contacto con el alcalde local. Sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido información clara sobre el paradero de las personas.

“He estado pendiente, hablando con el representante legal de esa denominación, con el alcalde, y oficiando a quienes tienen la competencia”, sostuvo. La congresista advirtió que el caso refleja una problemática estructural: la falta de garantías para la libertad religiosa en regiones bajo control de actores armados. “Es preocupante que no haya libertad religiosa plena en estos territorios. No puede ser que los líderes religiosos estén sujetos a las órdenes de los grupos armados ilegales”, reclamó.

Ríos destacó su papel en la inclusión de los líderes religiosos dentro de la Ley de Víctimas con un enfoque diferencial por fe. “Eso antes no existía, y fue un paso fundamental para visibilizar su sufrimiento y garantizar que el Estado los reconozca como víctimas”.

Información conocida por ese medio de comunicación indica que alias Brandon, quien murió en una operación militar, podría estar relacionado con la desaparición de los ocho ciudadanos. No obstante, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre su implicación ni sobre el paradero de las víctimas.

En Calamar, el silencio de la selva continúa envolviendo la incertidumbre. La comunidad mantiene viva la esperanza, mientras cada día sin noticias profundiza la herida.