“Tememos qué pueda salir de ahí”: piden repetir mesa técnica por crisis en cálculo de la UPC en salud

A menos de una semana para que el Ministerio de Salud entregue la nueva fórmula para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), varios actores del sector salud han elevado una petición urgente: que se convoque nuevamente la mesa técnica encargada de definir ese ajuste, ante lo que consideran una falta de garantías en el proceso que ya se llevó a cabo.

La UPC es un componente esencial del sistema de salud colombiano, ya que fija la cantidad de recursos que el Estado transfiere cada mes a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

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Con ese dinero, las EPS deben pagar a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios, así como cubrir medicamentos y tratamientos de sus afiliados. En medio de la coyuntura actual, este mecanismo se encuentra bajo presión debido a los crecientes reclamos sobre su insuficiencia.

En enero de 2025, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud ajustar el valor de la UPC. El alto tribunal concluyó que los incrementos recientes no reflejaban de forma adecuada las necesidades del sistema.

Para dar cumplimiento a esa directriz, la cartera convocó una mesa técnica, que se reunió en seis ocasiones a lo largo de un mes, con el fin de revisar la metodología de cálculo.

Sin embargo, desde la primera sesión, los participantes externos al Gobierno identificaron desacuerdos. La principal crítica se centró en el método de trabajo propuesto por el Ministerio: la denominada metodología Phillips 6.6.

Según los asistentes, esta herramienta es útil para promover dinámicas grupales, pero no está diseñada para resolver controversias técnicas ni para generar consensos en temas complejos como el cálculo de la UPC.

A esto se suma que, de acuerdo con varios voceros del sector, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, “jamás reconoció que exista una insuficiencia en la UPC”, pese a que la propia Corte le ordenó presentar una nueva cifra que responda a las limitaciones financieras actuales del sistema.

Otro de los puntos que ha generado inquietud es la limitada participación de representantes de las EPS bajo intervención estatal, las cuales concentran el 60 % de los afiliados del país. Estas entidades, que se encuentran bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud, designaron un único delegado para asistir a la mesa técnica. Además, hay un rezago en la consolidación de sus resultados financieros: la Nueva EPS, la más grande del país, apenas logró cerrar sus cifras de 2023, y las de 2024 aún no están disponibles.

Los sectores privados involucrados también reportaron inconformidades. Varios manifestaron que las observaciones que realizaron durante las sesiones no quedaron consignadas en las actas oficiales. En respuesta, solicitaron que se anexen las grabaciones completas de los encuentros como respaldo de sus intervenciones, ya que consideran que sus preocupaciones sobre la financiación no fueron debidamente consideradas.

El plazo para entregar la nueva propuesta de cálculo de la UPC vence el 29 de mayo. Frente a la incertidumbre sobre lo que contendrá ese documento, varios representantes del sistema han advertido: “tememos qué pueda salir de ahí”.

Por ello, presentaron una solicitud formal al Ministerio de Salud para que se repita el proceso, esta vez con la presencia de garantes como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General. La petición enfatiza que no es adecuado que la cartera de Salud actúe simultáneamente como parte interesada y como ente decisor en la construcción de la nueva metodología.

Esta solicitud se suma al clamor de pacientes que piden que se declare un estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud colombiano. Además, se ha anunciado que en los próximos días se presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de esta acción legal es que se dicten medidas internacionales para abordar los problemas de acceso a los servicios de salud en el país.

Mientras tanto, no hay certeza de hasta cuándo alcanzarán los recursos disponibles. La preocupación principal es que cada mes sin una revisión adecuada de la UPC representa una amenaza para la continuidad de los servicios médicos. Los cierres progresivos de programas, tratamientos y unidades de atención podrían intensificarse si no se ajusta el valor de este componente financiero.

El Ministerio de Salud, por su parte, no ha emitido declaraciones sobre la posibilidad de repetir el proceso ni ha indicado si considerará la participación de nuevas entidades garantes. Sin embargo, la presión de los diferentes sectores sigue en aumento, a medida que se acerca la fecha límite para definir una cifra que, según múltiples voces, será determinante para evitar el colapso del sistema de salud.