Fabiola Perea, que trabajaba como empleada doméstica en la residencia de Laura Sarabia, actual canciller de Colombia, presentó una demanda contra la Nación en la que solicita una reparación económica cercana a los ochocientos millones de pesos.
Según documentos judiciales citados por Semana, la demanda se fundamenta en las interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, realizadas en 2023, y en los perjuicios que estas acciones causaron tanto a ella como a su familia.
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Este caso, que involucró a miembros de la seguridad presidencial, se convirtió en uno de los mayores escándalos del primer año del Gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la demanda, las interceptaciones ocurrieron en desarrollo de una investigación por la desaparición de una maleta con dinero en efectivo de la casa de Sarabia, que en ese momento se desempeñaba como Jefa de Gabinete.
Perea y otra trabajadora del hogar, Marelbys Meza, fueron señaladas como sospechosas y sus comunicaciones fueron intervenidas de manera irregular.
Para justificar estas acciones, miembros de la Policía Nacional las incluyeron en un proceso ficticio, vinculándolas al Clan del Golfo bajo los alias de “la Cocinera” y “la Madrina”.
Estas acusaciones, según la defensa de Perea, no solo vulneraron sus derechos fundamentales, sino que las expusieron a estigmatización y discriminación.
La demanda de Perea no solo busca una compensación económica, sino un acto público de disculpas por parte de las entidades involucradas.
Según el documento, se exige que la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) sean declarados responsables de los daños ocasionados.
Además, se solicitó que las disculpas sean difundidas en redes sociales y medios de comunicación nacionales por un periodo equivalente al tiempo que duraron las interceptaciones ilegales.
En términos económicos, Perea reclama el pago de 24 salarios mínimos, equivalentes a 27,8 millones de pesos, por lucro cesante debido a la pérdida de su empleo desde junio de 2023.
Según la demanda, desde que fue señalada como integrante del Clan del Golfo, no ha podido encontrar trabajo. Asimismo, solicita una indemnización de 100 salarios mínimos, aproximadamente 116 millones de pesos, por los daños a su dignidad, intimidad, buen nombre y seguridad. Adicionalmente, cada uno de sus cinco hijos pide 50 salarios mínimos como compensación por daño moral.
El caso de Perea se sustenta en la aceptación de cargos por parte de varios miembros de la Policía involucrados en las interceptaciones.
Según la Fiscalía, los agentes utilizaron información falsa y métodos fraudulentos para obtener las órdenes judiciales que permitieron intervenir las comunicaciones de Perea y Meza.
Algunos de estos policías ya fueron condenados por su participación en los hechos, mientras que otros enfrentan procesos judiciales en curso. La investigación también reveló que las órdenes para realizar estas acciones provinieron de la seguridad presidencial.
El impacto del caso no se limitó a las víctimas directas. La controversia generó una crisis política que llevó a la salida de Laura Sarabia como jefa de gabinete en 2023.
Sin embargo, meses después, Sarabia fue nombrada directora del Dapre y posteriormente designada como canciller. A pesar de estos cambios, el episodio sigue teniendo repercusiones legales y mediáticas.
La demanda también destaca que las acciones ilegales de la seguridad presidencial agravaron la situación de vulnerabilidad de Perea, que llegó a Bogotá desplazada por la violencia en su lugar de origen.
Según el documento, las interceptaciones y los señalamientos públicos la expusieron a un nivel adicional de discriminación, sumándose a las dificultades que ya enfrentaba como víctima del conflicto armado.
Por su parte, la defensa de Marelbys Meza, que también fue víctima de las interceptaciones, anunció que presentará una demanda similar contra el Estado.
En su caso, se argumenta que las acciones de la seguridad presidencial, motivadas por el interés de una alta funcionaria, constituyeron un abuso de poder y una instrumentalización de las instituciones públicas.
El caso de Fabiola Perea y Marelbys Meza puso en el centro del debate la utilización de recursos estatales para fines personales y las implicaciones legales y éticas de estas prácticas.
La demanda presentada por Perea busca no solo una reparación económica, sino un reconocimiento público de los daños causados y una condena a las entidades responsables.
El proceso judicial, radicado en un juzgado administrativo de Bogotá, promete ser un capítulo más en un escándalo que ha marcado el inicio del Gobierno de Gustavo Petro.
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