El presidente Gustavo Petro advirtió irregularidades en el manejo de los recursos públicos, específicamente, de las regalías, en las regiones. De acuerdo con información que reveló en el foro “Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia”, de la Contraloría General de la República, llevado a cabo el 22 de mayo de 2025, hay un amplio desconocimiento sobre el manejo que se está dando a los dineros.
“Hay una falta de control. Nosotros desde la Nación no vemos a dónde van a parar los recursos. Sabemos después, ¿ya pa’ qué? La obra no se hizo”, indicó el primer mandatario en el evento.
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Desde su perspectiva, aunque es urgente hacer mejorías para verificar con rigurosidad la ejecución del dinero, la solución no estaría en las contralorías departamentales. Según detalló, esas entidades “no sirven para nada” y, contrario a demostrar un cumplimiento de responsabilidades en cuanto a inspección y control, han “paralizado” e “impedido” el beneficio de la población colombiana.
Esto se debería a actos deshonestos por parte de algunos funcionarios y de personas externas, ligados a la politiquería local y a la negociación de puestos, presuntamente, “con concejales”.
Los datos indican que proyectos importantes contemplados para los departamentos no han avanzado, pese a que se han hecho los respectivos desembolsos para ello. “En regalías usted (contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra) habla de $6 billones, nosotros hemos encontrado más. Un 30% de las obras aprobadas en los procesos de regalías no existen, ni han comenzado”, precisó.

El presidente advirtió que, además del desfalco en el sistema de regalías, no hay claridad sobre lo que pueda pasar con el resto de los recursos. Pues, actualmente no hay un modelo adecuado de control y vigilancia para garantizar su correcta utilización. De hecho, aseguró que el sistema, tal y como está planteado, facilita la comisión de actos ilícitos. “No sé qué pase con las regalías ahora, porque tiene un sistema normativo que garantiza la corrupción. Entonces, aquí hay un peligro”, aclaró.
Un aumento de transferencias no deseado
El mandatario se refirió también al incremento que hizo el Gobierno nacional a las transferencias monetarias que hace a los departamentos, municipios y distritos, por medio del Sistema General de Participaciones. Según indicó, la administración no quería hacer un aumento en las transferencias, que pasaron del 22% al 30%, debido a que su reforma tributaria se redujo.
En 2023, la Corte Constitucional tumbó el artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, por medio del cual se prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las industrias extractivas. El artículo en cuestión tenía como fin impedir que las empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales continuaran pagando un impuesto de renta reducido.

“Nuestra reforma tributaria se nos volvió en contra del Gobierno por una decisión de la Corte Constitucional que yo no comparto. Tumbó la mitad de la reforma constitucional, salvaguardando los intereses de petroleras y carboneras. Y entonces, por las normas, a pesar de que se redujo la reforma tributaria a la mitad, no se redujo la cantidad de dinero que había que pasar al SPG”, explicó.
Esto implica un impacto negativo para la Nación, pero positivo para los municipios, distritos y departamentos. Pues, existe una brecha entre los recursos que se dejaron de percibir por concepto de impuestos a las empresas extractivas y los que están recibiendo las regiones del Gobierno nacional.
En su momento, el presidente dejó ver su rechazo por la decisión de la Corte, advirtiendo beneficios para las compañías, por encima de la atención de las necesidades de la población. “Se pasó el dinero que iba a la educación, la salud y la transición energética a convertirse en pura utilidad de las multinacionales”, expresó.

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