Congresistas denunciaron que el presidente de la Cámara no ha querido agendar debate de moción de censura contra Armando Benedetti: llevan dos meses esperando

La Cámara de Representantes aún no ha agendado el debate de moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, a pesar de que la solicitud fue presentada hace más de dos meses por 26 congresistas de distintas bancadas.

Los representantes Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y José Jaime Uscátegui (Centro Democrático) han exigido explicaciones al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, sobre la demora en programar el debate, de acuerdo a El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pedraza envió una carta formal el 20 de mayo solicitando que se informe por qué no se ha tramitado la moción, que cumple con todos los requisitos legales.

Por su parte, Uscátegui interpuso una acción de tutela contra Salamanca, argumentando que la omisión afecta los derechos fundamentales de los congresistas y obstaculiza el ejercicio del control político.

La moción de censura acusa a Benedetti de realizar amenazas contra el Congreso, de mantener vínculos con clanes corruptos y de participar en la llamada “pitufopolítica”.

El documento, firmado por los 26 representantes, cita expresiones del ministro que, según los firmantes, constituyen violaciones a la separación de poderes y han generado amenazas de muerte contra los congresistas.

Entre las frases destacadas están: “Yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley” y la calificación de la oposición como “enemigos”, además de un llamado a “dejar el miedo” para avanzar en decisiones políticas.

Los hechos que llevaron a la petición de moción de censura

De acuerdo con el documento radicado por los congresistas, las acusaciones incluyen cuatro situaciones específicas que, de ser comprobadas, podrían constituir un incumplimiento grave de las funciones públicas de Benedetti y Angie Rodríguez, driectora del Dapre.

Entre los hechos señalados se encuentra la supuesta presión para destituir a Ludwing Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Valero habría sido removido de su cargo como represalia política, a pesar de que, según Buitrago, no fue ella quien lo designó y el funcionario contaba con experiencia en el sector. La exministra expresó su preocupación por la falta de un titular capacitado en esa área clave tras la salida de Valero.

Otro de los puntos que deberán aclarar los funcionarios es la presunta injerencia en decisiones relacionadas con el traslado de presos, en las que también estarían implicados la senadora Isabel Zuleta y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño.

Según las denuncias, estas acciones habrían respondido a intereses particulares, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de estas decisiones.

Además, se les acusa de intervenir en la exportación de cloruro de calcio dihidratado a Cuba, una sustancia controlada en Colombia. Este hecho ha generado inquietudes sobre el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en la materia.

Por último, deberán responder por la designación de un ministro encargado mientras Buitrago se encontraba en una visita oficial a Washington.

Según la exministra, Rodríguez insistió en cambiar al funcionario que ella había dejado a cargo, argumentando que se trataba de una orden directa del presidente Gustavo Petro. Buitrago afirmó que se opuso a esta decisión, lo que derivó en una discusión con la directora del Dapre.

La renuncia de Ángela María Buitrago, quien asumió como ministra de Justicia en julio del año pasado, ha estado rodeada de controversias.

Según el presidente Petro, la salida de la exministra fue solicitada directamente por él y no estuvo relacionada con las denuncias de presiones internas.

Sin embargo, Buitrago ha sostenido que su decisión estuvo motivada por las irregularidades que enfrentó durante su gestión. En su momento, la exministra también fue una de las mujeres ternadas por el mandatario para el cargo de fiscal general.

Por su parte, tanto Benedetti como Rodríguez han anunciado que emprenderán acciones legales contra Buitrago, en respuesta a las acusaciones en su contra.

Entre los firmantes de la moción se encuentran Marelen Castillo, Julia Miranda, Carolina Giraldo, Katherine Miranda, Lina María Garrido, Catherine Juvinao, Hernán Cadavid, Juan Espinal y Carlos Osorio, entre otros.