
Colombia, uno de los países con mayor riqueza en biodiversidad en el mundo, enfrenta una crisis que amenaza tanto su patrimonio natural como el bienestar de su población.
Según datos de Greenpeace, el país alberga más de ochenta mil especies registradas, de las cuales más de 8.500 son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
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Sin embargo, la deforestación sigue un ritmo alarmante, con pérdidas anuales superiores a cien mil hectáreas de bosque, concentradas en zonas críticas como la Amazonía, el Chocó biogeográfico y el bosque seco tropical.
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Este contexto pone en duda los avances reales desde la COP16 y la capacidad del Gobierno colombiano para enfrentar esta emergencia ambiental.

Los compromisos adquiridos durante la COP16, celebrada en 2024 en Cali, incluían la protección del 30% de los ecosistemas para el año 2030, la reducción de la contaminación, la movilización de financiamiento y el reconocimiento a las comunidades tradicionales. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos parece insuficiente.
“Persisten las licencias mineras en ecosistemas estratégicos, los controles ambientales son débiles y el discurso político sigue priorizando lo urgente en términos económicos, mientras ignora lo vital en términos ecológicos”, señaló Laura Caicedo, Coordinadora de Campañas para Greenpeace Colombia, en su columna publicada en Noticias RCN.
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La conservación de la biodiversidad no solo significa proteger especies emblemáticas como el jaguar, el oso andino o el delfín rosado. También está vinculada directamente con la lucha contra la crisis climática y la protección de las comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyas culturas y modos de vida están intrínsecamente relacionados con la naturaleza. De acuerdo con Greenpeace, “su pérdida sería también la pérdida de nuestra memoria y nuestra identidad como nación”.

El impacto de la destrucción ambiental trasciende los ecosistemas y afecta a las comunidades rurales y urbanas con fenómenos como la escasez de agua, el calor extremo, el deterioro de la calidad del aire y el aumento de enfermedades relacionadas con la contaminación. Estas desigualdades ambientales exigen un enfoque inclusivo en el que las comunidades sean las protagonistas de las decisiones. “No podemos seguir invisibilizando a quienes han cuidado estos ecosistemas durante generaciones. Su participación activa, libre e informada debe ser el eje de cualquier decisión”, afirmó Caicedo en su texto.
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Para revertir esta tendencia, Greenpeace destaca la necesidad de medidas concretas, entre las que se incluyen la creación de nuevas áreas protegidas, el fortalecimiento de las ya existentes y el aseguramiento de financiamiento directo a las comunidades locales. Además, llama a integrar la restauración de ecosistemas en las próximas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), como una acción climática esencial que priorice la justicia ambiental y la resiliencia comunitaria.

El modelo de transición energética también ha sido objeto de críticas, ya que, según expertos, podría perpetuar la lógica extractivista si no se realiza de manera sostenible y equitativa. Según Caicedo, esta transición debe respetar los límites planetarios y priorizar el bienestar colectivo sobre el lucro. Caicedo enfatiza que proteger la biodiversidad no puede ser visto como un acto simbólico, sino como una cuestión de supervivencia, equidad y justicia.
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Aunque la COP16 fijó objetivos ambiciosos, la brecha entre los compromisos y la acción concreta refleja la falta de políticas integrales y de mecanismos efectivos de control. Sin financiamiento sostenido, voluntad política real y una hoja de ruta clara con enfoque territorial, el futuro de la biodiversidad en Colombia queda en riesgo. Según la ambientalista, proteger estos ecosistemas no solo es clave para enfrentar la crisis climática, sino también para garantizar la seguridad alimentaria, la regulación del clima y el bienestar de millones de personas.
El desafío que enfrenta Colombia no puede ser postergado. La biodiversidad no es un recurso más; es la base para construir cualquier futuro viable en términos de salud, justicia y sostenibilidad. Como concluye Laura Caicedo: “No hay más tiempo para discursos. La biodiversidad es la base de todo futuro posible”.
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