El 12 de diciembre de 2018, un accidente aéreo en Frontino, Antioquia, cobró la vida del piloto de aviación civil Juan Camilo Villegas Rodríguez y su alumno Gustavo Roldán.
Un avión ultraliviano, que realizaba ejercicios de instrucción aérea, se precipitó a tierra tras ser alcanzado por disparos de fusil.
A pesar de la versión inicial que apuntaba a un fallo mecánico, las investigaciones y el reciente fallo del Juzgado Noveno Administrativo de Medellín revelaron un panorama distinto: la aeronave fue derribada por militares del Ejército Nacional.
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Villegas, instructor de vuelo con más de una década de experiencia, se encontraba realizando maniobras de aproximación y aterrizaje en la pista Guillermo Gaviria Correa, ubicada en una zona rural de Frontino.
Según el informe preliminar de la Aeronáutica Civil, el avión sufrió una “falla de la planta motriz” durante uno de los intentos de aterrizaje, lo que provocó que el piloto perdiera el control de la aeronave.
Sin embargo, la evidencia que surgió más tarde indicaba que los disparos de fusil fueron la causa determinante del accidente.
Un testigo clave, Juan Guillermo Rodríguez Gil, relató lo ocurrido ese día.
“Cuando estábamos ahí parados, el Ejército se alistó, porque la base militar está muy cerca a la pista. Los vimos coger chalecos y salir rápidamente... Después, cuando sentimos los disparos de fusil, la avioneta se alzó de la pista y cayó”, aseguró Rodríguez, quien estuvo cerca de la zona del accidente y presenció el momento de la caída, en declaraciones obtenidas por El Colombiano.
Este testimonio fue uno de los que desmintió la versión inicial de un accidente puramente mecánico.
A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que el avión no presentó fallas técnicas antes de la caída. Según el testimonio del capitán piloto Robinson David García Jiménez, “es muy particular que la tripulación haya virado hacia la izquierda y hacia arriba... yo hubiera buscado el resto de la pista donde le quedaban más de 300 metros que para esta aeronave es suficiente”. Esto sugiere que el piloto intentó una maniobra evasiva ante la amenaza que provenía desde tierra.
Además, el análisis de la aeronave tras el accidente reveló que, lejos de una simple falla mecánica, la estructura del avión estaba cubierta de agujeros. Moisés Núñez Gómez, perito en balística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), detalló que algunos de estos orificios tenían características propias de proyectiles disparados por arma de fuego. “Algunos de los orificios fueron producto del choque, pero otros sí pudieron haber sido causados por disparos”, explicó Núñez en el caso al que tuvo acceso El Colombiano.
Frente a las pruebas, el Juzgado Noveno Administrativo de Medellín, en primera instancia, declaró responsable al Estado colombiano por la muerte de Villegas, atribuyendo la causa del accidente a disparos provenientes de miembros del Ejército Nacional.
A pesar de los intentos de la defensa por exonerar a las Fuerzas Militares, el juzgado concluyó que el ataque contra la aeronave no solo fue probable, sino que se trató de un error militar.
En su sentencia, el tribunal argumentó que el Ejército Nacional no pudo probar que no hubo presencia de grupos armados ilegales en la zona ese día, ni que los disparos fueron parte de un enfrentamiento legítimo.
En cambio, la hipótesis más probable fue que el incidente se derivó de una operación militar llevada a cabo por soldados del Batallón de Infantería No. 32 “Pedro Justo Berrío”, adscrito a la Cuarta Brigada.
El fallo ha implicado una compensación económica significativa para los familiares de las víctimas. La Nación deberá pagar 450 salarios mínimos mensuales por los perjuicios morales causados a los familiares de Villegas, además de más de $500 millones por los perjuicios materiales. La indemnización tiene como fin reparar parcialmente el daño irreversible causado por la pérdida de una vida humana y el sufrimiento de sus seres queridos.
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