Destapan presunto entramado de corrupción en la Armada de Colombia: “Nos robamos el proceso”

Lo que parecía un simple trámite administrativo terminó destapando un escándalo de proporciones mayúsculas en la Armada Nacional de Colombia.

Según una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, una presunta red de corrupción habría operado durante años en el corazón mismo de esta fuerza militar, direccionando contratos millonarios a cambio de jugosos sobornos.

En el centro de la tormenta están el teniente de fragata Miguel Ángel Villanueva y la abogada Nelcy Herrera, una exasesora jurídica de la institución, quienes según la Fiscalía, habrían liderado una “empresa criminal” para manipular la adjudicación de al menos 10 contratos.

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Entre risas y complicidad, hablaban Villanueva y Herrera en conversaciones interceptadas por la Policía Judicial. Las grabaciones hacen parte de un robusto expediente que hoy tiene a ambos en prisión preventiva por orden de un juez de Bogotá.

“Esto es un negocio y nosotros no podemos perder, mi Te”, decía Nelcy en una llamada telefónica con el teniente Villanueva. “Hemos toreado unos toros muy bravos. Mi Te, nos robamos el proceso de los químicos, nos robamos el proceso de repuestos”, afirmaba entre risas la abogada.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.

Los contratos comprometidos, que suman más de $4.500 millones, están relacionados con servicios médicos, mantenimiento, fumigación, químicos para piscinas y hasta cámaras de seguridad. Los ilícitos, según el ente acusador, se concretaban en reuniones realizadas en centros comerciales de Bogotá, lejos de los reflectores y bajo total discreción.

Según el medio mencionado, el relato del contratista Rafael Urbina indica que terminó siendo el testigo clave del caso, ya que Herrera lo contactó directamente para proponerle quedarse con contratos a cambio del pago de coimas de entre el 5% y el 10% del valor total.

Urbina, representante de la empresa Tiesto Soluciones, inicialmente aceptó el trato y habría pagado dádivas por dos contratos relacionados con aseo hospitalario y lavandería.

Pero el idilio criminal se rompió cuando uno de los contratos terminó siendo adjudicado a otra empresa que presentó la misma propuesta, pero con una diferencia de tan solo $95 mil pesos. “Me usaron para ajustar precios y favorecer a otros”, afirmó Urbina ante la Fiscalía.

De acuerdo con lo explicado por Caracol Radio, uno de esos favorecidos sería el consorcio C&S, liderado por Germán David Banqueth, que recibió un contrato por más de $1.200 millones para mantenimiento del dispensario médico de la Armada en Bogotá, un hombre que también está bajo la lupa por otro contrato de $682 millones en Inírida, Guainía.

Otra figura clave que aparece en el expediente es Brian Kelly Vélez, contratista del dispensario médico de la Armada en Bogotá. La Fiscalía la señala de haber entregado información confidencial a la red corrupta, facilitando el amaño de los procesos licitatorios. Aunque no está privada de la libertad, sí fue vinculada formalmente al proceso penal.

La fiscal del caso fue clara: lo revelado hasta ahora podría ser solo el comienzo. “Apenas estamos conociendo la punta del iceberg. La información se obtuvo principalmente de la plataforma SECOP y de interceptaciones telefónicas, pero falta revisar documentos internos de la Armada”, advirtió.

Mientras tanto, la Armada Nacional anunció que está revisando los contratos uno a uno y que colaborará con las autoridades. Aunque ha guardado silencio público, se espera un pronunciamiento oficial en los próximos días.

El caso ha causado una profunda conmoción en la opinión pública. Más allá de las cifras y los nombres, lo que está en juego es la integridad del manejo de los recursos destinados a la salud de los miembros de la Armada. Queda en evidencia, una vez más, cómo las estructuras institucionales pueden ser vulneradas desde dentro, cuando el oportunismo y la codicia se convierten en norma.