Tres personas murieron en la noche del domingo 18 de mayo durante un ataque armado ocurrido en Ocaña, Norte de Santander.
El hecho fue catalogado como una masacre por parte de organizaciones de derechos humanos y ocurrió mientras las víctimas compartían frente a una vivienda del barrio El Almendros, según los reportes iniciales.
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Las autoridades indicaron que los responsables del crimen fueron al menos tres individuos que portaban armas de fuego.
Los atacantes llegaron al sitio movilizándose en dos motocicletas. Una vez en el lugar, dispararon contra las personas que se encontraban reunidas, provocando la muerte de tres de ellas y dejando temor entre los habitantes del sector.
Los fallecidos fueron identificados como Juan Carlos Rodríguez, Jesús Andrés Yain Manzano y Sneyder Durán Castro, todos nacidos en el municipio de Ocaña. Luego del ataque, los agresores huyeron de la escena, sin que hasta el momento se haya reportado su captura.
Frente a lo ocurrido, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hizo referencia a una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de orden público en esa zona del país.
El documento al que se refirió la organización advierte sobre la presencia y disputa de varios actores armados en la región del Catatumbo, situación que incrementa el riesgo para la población civil.
La advertencia describe tres dinámicas específicas que configuran este escenario. “1: La escalada violenta por parte del ELN; 2: el reacomodo del EPL, tras la confrontación que este grupo armado ha mantenido con el ELN desde el año 2018 en el Catatumbo; y 3: las pretensiones de fortalecimiento y expansión territorial de grupos disidentes de las FARC desde el Catatumbo, hacia municipios de Santander y sur del Cesar”, menciona el informe de la Defensoría citado por Indepaz.
Aunque las autoridades locales no han emitido aún un comunicado oficial detallado sobre el crimen, la situación ha generado preocupación entre los habitantes del municipio y en la opinión pública regional. La presencia de estructuras armadas ilegales en esta zona del norte del país ha sido persistente, lo que ha dificultado el control territorial por parte del Estado.
Indepaz señaló que este tipo de agresiones ocurre en un contexto de control territorial y social por parte de los grupos armados. “La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, dice Indepaz en su más reciente pronunciamiento.
En el mismo sentido, organizaciones defensoras de derechos humanos han venido señalando que el Catatumbo sigue siendo una de las regiones más afectadas por hechos de violencia relacionados con la disputa de actores armados por corredores estratégicos. Los factores geográficos, junto con las debilidades institucionales, han sido señalados como elementos que favorecen la persistencia de estos conflictos.
Este nuevo hecho se suma a otras masacres reportadas recientemente en diferentes departamentos del país, incluyendo Cauca y Arauca. En el caso de Ocaña, la comunidad espera que se realicen acciones efectivas de investigación que permitan identificar a los responsables del ataque y que se implementen medidas para proteger a los habitantes de la zona.
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Se prevé que en las próximas horas las autoridades de Norte de Santander emitan un reporte ampliado con los avances del caso y las medidas adoptadas tras este homicidio múltiple.
Entre tanto, los cuerpos de las víctimas ya fueron trasladados a Medicina Legal y sus familias han comenzado los trámites correspondientes.
Los hechos ocurridos en Ocaña reactivan la preocupación sobre la seguridad en la región del Catatumbo y reafirman las alertas previas sobre los riesgos a los que está expuesta la población civil en medio de la confrontación armada.
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