El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector público en Colombia establece un incremento salarial del 7% para los empleados públicos, retroactivo al 1 de enero de 2025. Dicho ajuste salarial se logró tras añadir 1,8 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, que se situó en 5,2%. El aumento beneficiará a más de 1.250.000 servidores públicos en el país.
El pago retroactivo correspondiente a este incremento salarial deberá calcularse desde enero de 2025 hasta la fecha en que se implemente el nuevo salario en las nóminas. Aunque el porcentaje de aumento ya está definido, el monto exacto del retroactivo dependerá del salario base de cada empleado y del número de meses transcurridos hasta la aplicación del ajuste.
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Por ejemplo, un trabajador con un salario mensual de $3.500.000 recibiría un aumento mensual de $245.000. Si el retroactivo se paga en julio, el monto acumulado sería de cerca de $1.470.000, correspondiente a los seis meses de retraso.
Entidades públicas deben cumplir con el pago
Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) instó a las entidades públicas a cumplir con el pago en un plazo razonable para evitar conflictos laborales. Aunque todavía no se estableció una fecha específica para el desembolso del retroactivo, las autoridades enfatizaron en la importancia de garantizar que los empleados reciban los montos adeudados sin demoras significativas.
Además del incremento del 7% para 2025, el acuerdo contempla un aumento adicional para 2026, que será equivalente al IPC de ese año más 1,9 puntos porcentuales. El compromiso forma parte de las negociaciones nacionales del sector público, que buscan mejorar las condiciones laborales de los servidores estatales.
El concepto de pago retroactivo se refiere a un desembolso que se hace después de la fecha en que debería haberse efectuado, generalmente para compensar una deuda o un pago incompleto. En este caso, el retroactivo busca cubrir la diferencia salarial acumulada desde el inicio del año hasta la implementación del nuevo salario.
Y es que ajuste salarial y su correspondiente retroactivo representan un esfuerzo del Gobierno nacional para atender las demandas de los sindicatos y mejorar el poder adquisitivo de los empleados públicos en un contexto económico marcado por la inflación.
La implementación efectiva de este acuerdo será clave para garantizar la estabilidad laboral y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores del sector público en Colombia.
Pliego de peticiones de los sindicatos
Como se recordará, además del porcentaje de aumento, el pliego de los sindicatos labores incluye una serie de solicitudes adicionales con alto impacto fiscal. Los sindicatos pretenden lograr, entre otros puntos:
- La creación de una prima técnica del 40% sobre el salario básico.
- El aumento de la bonificación por servicios al 50%.
- Un incremento de cinco puntos en la prima de antigüedad.
- Un decreto que unifique el pago de horas extras y recargos dominicales.
- La presentación de un proyecto de ley para restablecer la retroactividad de las cesantías.
Estas iniciativas reflejan el creciente interés en garantizar el bienestar de los trabajadores y el diálogo entre los distintos sectores involucrados.
El incremento salarial de este año ya forma parte de las tareas cumplidas por el Gobierno. El aumento logrado en 2024 fue del 7, compuesto por la inflación registrada (5,2%) y 1,8 puntos porcentuales añadidos, según detalló el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Acuerdo sin precedentes
Aunque este ajuste indicó un precedente en los acuerdos laborales, la negociación no se limitó a los porcentajes, sino que incluyó también una revisión integral de otros beneficios y condiciones, que serán discutidos en lo que resta del año.
Por su parte, cabe mencionar que el reciente aumento del salario mínimo, aprobado en 2024, alcanzó un ajuste del 9,54%, una cifra que superó las expectativas iniciales tanto de analistas como de los sectores empresariales. Como se recordará, no logró alcanzarse un consenso entre representantes de los trabajadores y empresarios, lo que subraya la complejidad de las negociaciones salariales en sectores clave de la economía.
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