Preocupada se encuentra la comunidad educativa de Valledupar luego de que se diera a conocer en redes sociales el video en el que dos supuestas estudiantes de la Universidad del Área Andina se fueran a los golpes en una de las aulas.
Así lo dio a conocer en sus redes sociales el abogado, especialista en asuntos de gobierno y gestión Pública, jesús Daza Castro, junto al video de la agresión:
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"Valledupar no solo debe dolerse por la violencia en sus calles, sino también cuando irrumpe en sus aulas. Lo ocurrido en el Área Andina no es un simple altercado: es el reflejo de una sociedad que aún no aprende a tramitar sus diferencias con altura".
Pero Daza Castro no fue el único en cuestionar sus alcances, en un lugar que merece respeto, como el salón de una cátedra universitaria.
“La universidad es un lugar en el que se debate con cultura, opinión y criterios. No con los golpes”, “Que tristeza que este tipo de cosas sucedan en un salón universitario”, “¿No se están educando? ¿Por qué tendrían este tipo de comportamientos?“, ”Así no es como me imagino al futuro del país luchando en las universidades".
¿Qué dicen las cifras sobre las riñas y hechos de intolerancia en el país?
Las riñas y hechos de intolerancia continúan siendo un desafío para la seguridad pública en Colombia. Según el más reciente informe de la Policía Nacional, correspondiente al primer trimestre de 2025, se registraron más de 12.500 casos de riñas en todo el país, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el mismo período de 2024.
Estos incidentes, que abarcan desde peleas callejeras hasta confrontaciones violentas en espacios públicos, reflejan un fenómeno persistente que afecta la convivencia ciudadana. La Policía Nacional destaca que, de los casos reportados, aproximadamente un 65% están relacionados con conflictos personales, en muchos casos asociados al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
El reporte también identifica zonas urbanas como Bogotá, Medellín y Cali como los principales focos de estos eventos. En Bogotá, por ejemplo, se contabilizaron cerca de 3.800 riñas, seguido de Medellín con 2.400 y Cali con 1.900. Estas cifras revelan que, aunque la violencia no es homogénea en el territorio nacional, las ciudades más grandes concentran la mayoría de los casos.
Adicionalmente, la Policía Nacional advierte sobre un incremento en hechos de intolerancia vinculados a disputas vecinales, problemas familiares y confrontaciones en establecimientos comerciales. En lo que va de 2025, se reportaron más de 1.200 denuncias por agresiones físicas en contextos de intolerancia, un aumento del 5% frente al año anterior.
El Ministerio de Justicia también ha señalado que estas riñas tienen un impacto directo en la percepción de seguridad de la población. En su último informe, divulgado en marzo de 2025, el Ministerio indicó que un 48% de los ciudadanos considera que la intolerancia y la violencia interpersonal afectan significativamente la calidad de vida en sus comunidades.
Expertos en seguridad ciudadana han vinculado este aumento a factores como el estrés social derivado de la crisis económica, la falta de espacios adecuados para el diálogo y la ausencia de políticas públicas orientadas a la mediación de conflictos. Además, se señala que la pandemia de COVID-19 dejó secuelas en la salud mental de la población, que se traducen en mayor irritabilidad y menor tolerancia.
Las autoridades han reforzado los operativos de vigilancia y mediación en los puntos críticos, con el fin de reducir la incidencia de estos hechos. También se han promovido campañas de convivencia ciudadana y se trabaja en coordinación con entes territoriales para implementar estrategias de prevención basadas en educación y promoción de la cultura de paz.
A pesar de estos esfuerzos, la Policía Nacional advierte que la resolución de las riñas y hechos de intolerancia requiere un enfoque integral que involucre no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a la comunidad y a las instituciones sociales.
Las cifras y análisis oficiales dejan en evidencia que la intolerancia sigue siendo un reto para la sociedad colombiana, cuya atención y manejo eficiente son necesarios para mejorar la convivencia y reducir la violencia interpersonal.
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