Ministro del Trabajo calificó la votación de la consulta popular en el Senado como “irregular y amañada”: “Un asunto como este no puede despacharse de la manera como lo hizo Efraín Cepeda”

Un controvertido episodio en el Congreso de Colombia ha generado reacciones intensas por parte del gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La discusión se centró en una consulta popular y la reforma laboral, procesos que, según oficiales del gobierno, estuvieron rodeados de irregularidades.

En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el Ejecutivo planea tomar medidas jurídicas y políticas en respuesta a los acontecimientos.

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El ministro subrayó que la votación del Congreso, que tuvo lugar esta semana, estuvo marcada por anomalías que comprometen la legitimidad del proceso.

“Fue una votación plagada de irregularidades”, afirmó Sanguino, añadiendo que el gobierno buscará que se repita.

Según explicó, entre los problemas reportados está el cambio en el orden del día por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, así como el envío de la reforma a una comisión liderada por opositores al gobierno.

La decisión, aseguró, genera serias desconfianzas sobre las posibilidades de un trámite justo para la reforma laboral.

El tiempo dedicado a la votación también fue motivo de controversia. Según el ministro, el proceso completo tomó menos de tres minutos, algo que calificó de “una actitud absolutamente amañada”.

“Un asunto como este no puede despacharse de la manera como lo hizo Efraín Cepeda”, expresó.

Además, mencionó que el gobierno respaldará el mensaje de insistencia para que la reforma avance rápidamente durante las semanas que quedan en esta legislatura.

La apelación aprobada para reconsiderar la reforma es vista por el ministro como una oportunidad para reiniciar el proceso, pero persisten las inquietudes.

“Es que mira lo que pasó. Radicaron una ponencia de archivo firmada por senadores que no eran ponentes, demoraron nueve semanas en la apelación, y justo en este contexto la enviaron a una comisión con mayoría opositora”, declaró en la entrevista.

Para Sanguino, estas acciones dificultan la confianza en que el Congreso dé un tratamiento transparente a la reforma.

El ministro hizo énfasis en que la consulta popular había sido contemplada como una solución más respetuosa del debate público y los acuerdos entre trabajadores, sectores empresariales, y el gobierno.

“Lo más seguro era una consulta popular que permitiera tramitar la reforma con lealtad en la discusión política”, dijo Sanguino.

Esta opción, sin embargo, fue obstaculizada, por lo que Sanguino describió como “actitudes mezquinas” de quienes lideran el Senado.

Además de las acciones legales planteadas, se prevén movilizaciones sociales en respuesta a los recientes acontecimientos.

El presidente Gustavo Petro ya ha anunciado que habrá reuniones, diálogos y cabildos sociales en los próximos días.

En cuanto a las manifestaciones, Sanguino destacó los riesgos de tensión social: “Este tipo de actitudes es jugar con candela; la gente reacciona.” También recordó episodios históricos, como el paro cívico de 1977, que fue consecuencia de reformas laborales frustradas en aquel entonces.

Ante una foto difundida en redes sociales que vincula al gobierno y a funcionarios en discusiones sobre una posible huelga general, el ministro aclaró que la organización y decisión de convocar una huelga pertenece exclusivamente a centrales sindicales y trabajadores.

“Los gobiernos no hacen huelgas. Eso lo deciden los trabajadores y sus organizaciones, no nosotros”, enfatizó.

El futuro de la reforma laboral sigue siendo incierto. Para el gobierno de Petro, esta reforma es una prioridad para garantizar condiciones de trabajo dignas en el país.

Según el ministro Sanguino, su objetivo es lograr “un crecimiento económico basado en el trabajo decente y en la protección del aparato productivo”. Sin embargo, el clima de polarización y desconfianza en el Congreso pone en cuestión si será posible un acuerdo en los plazos previstos por la legislatura.

Mientras tanto, el panorama político y social en Colombia se mantiene en constante tensión, con líderes gubernamentales y sectores de oposición enfrentándose en medio de un debate crucial para los derechos laborales en el país.