Por desacatar una tutela, ordenan arresto de la gobernadora del Tolima

Nuevamente un funcionario de elección popular tendrá que cumplir con una orden de arresto, por cuenta de un incidente de desacato de una tutela, tras el caso del alcalde de Riohacha (Guajira), Genaro Redondo Choles, quien está cumpliendo con la medida administrativa.

Ahora el turno es para la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz, tras una decisión del Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Chaparral que ordenó dos días de arresto en su contra, bajo el argumento de que incumplió con un fallo de tutela que exigía la reubicación inmediata de una docente en el departamento, informaron en la emisora Caracol Radio.

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La decisión también acoge a su secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya, y le incluye, además, una multa equivalente a dos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para cada uno de ellos, detallaron en La W Radio.

El caso se originó a raíz de una acción de tutela presentada por la docente Diana Magaly Muñiz, quien estaba adscrita a la institución educativa Risalda, sede Chontaduro, ubicada en una zona rural del municipio de Chaparral.

Muñiz, quien obtuvo su cargo mediante un concurso especial diseñado para las zonas Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) relacionadas con el postconflicto, solicitó su traslado a una institución en el área urbana. La docente entonces argumentó que sus derechos y los de sus hijas estaban siendo vulnerados debido a la falta de acceso a servicios básicos en la zona donde trabajaba, detallaron del caso en Caracol Radio.

Agregaron en ese medio radial que entre las razones expuestas por Muñiz, se encuentra la ausencia de un servicio de salud adecuado para atender a su hija menor de edad, así como la imposibilidad de garantizar la educación secundaria para su otra hija en el área rural. Estas circunstancias llevaron a que la profesora instaurara la tutela, que fue fallada a su favor, ordenando su reubicación inmediata. Sin embargo, según el juzgado, ni la Gobernación del Tolima ni la Secretaría de Educación cumplieron con lo estipulado en el fallo, lo que derivó en las sanciones impuestas.

El concurso que permitió a Muñiz acceder a su cargo incluía el compromiso de permanecer al menos diez años en la institución asignada. No obstante, la docente consideró que las condiciones en las que se encontraba no garantizaban los derechos fundamentales de su familia, lo que motivó su solicitud de traslado, destacaron en La W Radio.

Ante la orden de arresto y la multa, la Gobernación del Tolima emitió un comunicado en el que aseguró que procederá a cumplir con el fallo de tutela para evitar la ejecución de las sanciones. También aclararon en el mismo los hechos y reiteraron el compromiso de la administración departamental con el respeto a las decisiones judiciales.

“Nos enteramos a través de los medios locales de la decisión de desacato proferida por el Juzgado Segundo Penal del municipio de Chaparral, que en meses anteriores la había ordenado la Secretaría de Educación trasladar a una docente que se vinculó al municipio de Chaparral a través del concurso de zona Pcet que le obliga al docente permanecer en la zona rural mínimo 10 años y el docente, en este caso el accionante, concursó en esa plaza y aceptó permanecer 10 años en la ruralidad de este municipio”, citaron de las declaraciones del secretario en la misiva.

También sostuvo que aunque la tutela si bien ordenaba que la trasladaran a una zona urbana, a la profesora la “acercaron a una sede educativa de la Institución Educativa Risalda para que tuviera acceso pronto a la unidad hospitalaria del municipio”.