Comunidad emberá deja el Parque Nacional y retorna a la UPI La Rioja, luego de negociaciones

Cerca de 100 integrantes de la comunidad emberá que habían ocupado el Parque Nacional en Bogotá regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, según informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.

Este traslado se dio como parte de un preacuerdo alcanzado entre el Distrito y los representantes de la comunidad indígena, tras días de negociaciones con el apoyo del Gobierno Nacional y Distrital.

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Quintero compartió la noticia a través de su cuenta en X, destacando que el proceso fue resultado de extensas jornadas de concertación.

El retorno de los indígenas albergados en la UPI La Rioja ocurre después de que, el miércoles 7 de mayo, decenas de miembros de la comunidad Emberá decidieran ocupar nuevamente el Parque Nacional.

Según sus declaraciones, las condiciones pactadas previamente con las autoridades en la UPI de La Florida no se habrían cumplido, lo que motivó su regreso al espacio público en busca de soluciones a sus demandas.

Durante su estadía en el parque, las autoridades distritales y gubernamentales garantizaron la seguridad de los manifestantes, especialmente de los menores de edad, mientras se desarrollaban los diálogos con los líderes indígenas.

El secretario de Gobierno enfatizó que este traslado no representa el cierre definitivo del proceso. Las conversaciones con la comunidad emberá continuarán con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y otras organizaciones.

Quintero reiteró el compromiso del Distrito con las comunidades indígenas, especialmente en su búsqueda de un retorno seguro a sus territorios de origen. “Hay mucho por hacer por las comunidades que buscan el retorno seguro a sus territorios de origen, pero como Distrito nuestro compromiso sigue estando firme”, afirmó.

En medio de este proceso, Quintero expresó su preocupación por el involucramiento de menores de edad en las acciones de protesta. “Los canales de diálogo están siempre abiertos, pero no dejaremos de señalar nuestra preocupación frente al uso de menores de edad en vías de hecho”, señaló el funcionario.

Por su parte, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito, explicó que estas familias llevan más de tres años en Bogotá esperando que se inicien los procesos de retorno a sus territorios.

Según Mercado, el Distrito ha invertido cerca de 17.000 millones de pesos en el último año para garantizar el acceso de esta población a servicios de salud y educación. A pesar de estos esfuerzos, la comunidad Emberá ha insistido en la necesidad de soluciones definitivas.

En medio de los diálogos, la Unidad para las Víctimas se comprometió a coordinar, en un plazo máximo de tres meses, una articulación institucional entre las entidades del Gobierno nacional y los entes territoriales receptores de la comunidad.

Este esfuerzo busca garantizar las condiciones necesarias para un retorno seguro a sus territorios de origen. Gloria Cuartas Montoya, directora general encargada de la Unidad para las Víctimas, destacó el trabajo conjunto de las entidades involucradas, incluyendo la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para alcanzar estos acuerdos.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá asumió el compromiso de mejorar las condiciones sanitarias en las UPI La Rioja y La Florida. Además, la Unidad para las Víctimas con el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social, entregará kits de alimentos, kits de cocina (platos, pocillos y cubiertos) y kits de noche (colchonetas, sábanas y cobijas) para mejorar las condiciones de vida de la comunidad en los albergues.

El secretario de Gobierno agradeció la colaboración de la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo en este proceso, reiterando que, aunque aún queda mucho por hacer, el compromiso del Distrito con las comunidades indígenas permanece firme.