Tras las decisiones judiciales que involucran a dos expresidentes del Congreso de la República en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), diversas figuras políticas tomaron posición, entre ellas el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, que dirigió fuertes señalamientos al presidente Gustavo Petro, atribuyéndole responsabilidad directa en los hechos denunciados.
Las medidas judiciales adoptadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, ex presidente de la Cámara de Representantes, provocó un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y la oposición. Ambos excongresistas deberán enfrentar un proceso judicial desde un centro carcelario, luego de que se les imputaran los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
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El caso, que gira en torno a una presunta red de sobornos facilitada con recursos públicos, escaló rápidamente hasta alcanzar las más altas esferas del poder legislativo y ahora compromete, según denuncias políticas, al mismo jefe de Estado.
Las acusaciones iniciales partieron de los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, que desempeñaron roles directivos en la Ungrd. Ambos señalaron que se habrían entregado millonarios sobornos para garantizar el respaldo legislativo a las reformas sociales propuestas por el actual Gobierno. Los fondos presuntamente fueron extraídos de sobrecostos en la compra de carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira
Frente a estos hechos, Miguel Uribe se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X, en el que compartió un video con declaraciones dirigidas a los medios de comunicación.
En su intervención, el senador sostuvo que “es evidente que esta corrupción solo favoreció a Gustavo Petro, a su proyecto político”, y agregó que “fue quien se benefició de haber utilizado la plata de los impuestos de los colombianos para aprobar e imponer una nefasta reforma pensional”.
Uribe fue más allá al afirmar que el presidente utilizó toda la estructura del Estado para conseguir los apoyos legislativos necesarios: “Es evidente que Gustavo Petro utiliza toda la articulación del gobierno y tenemos que saber quiénes fueron los responsables que lideraron este (...) pago de favores para sacar adelante unas reformas que solo benefician a Gustavo Petro”.
Estas declaraciones se producen en medio de la creciente presión política sobre el Gobierno, motivada por la magnitud del escándalo que involucra, según las investigaciones preliminares, una estrategia sistemática de compra de apoyos parlamentarios a cambio de recursos públicos.
La oposición argumenta que, más allá de la responsabilidad penal de los excongresistas, existe una cadena de mando que debe ser investigada a fondo, especialmente si los fondos públicos se emplearon para fines distintos a los establecidos legalmente.
Según los testimonios recogidos por la Corte, los pagos se habrían efectuado en octubre de 2023, periodo en el que el Congreso tramitaba reformas de alto impacto como la pensional.
“No podemos perder de vista que es él quien se quiere aferrar al poder”, sentenció el senador, al señalar que el caso tiene implicaciones no solo legales sino institucionales.
Cabe destacar que, Andrés Calle y su familia se vieron involucrados en el presunto uso indebido de los recursos desviados. Según los informes, parte del dinero recibido por el congresista habría sido dirigido a financiar campañas políticas de su entorno familiar en el departamento de Córdoba. En la misma línea, Iván Name habría recibido fondos para apoyar aspiraciones políticas de su hija. Estas revelaciones profundizaron las preocupaciones en torno al uso clientelista de los recursos estatales para fines electorales.
La situación sigue en desarrollo, y mientras las investigaciones judiciales continúan su curso, figuras de la oposición como Miguel Uribe mantienen su postura crítica frente a lo que consideran una responsabilidad política directa del presidente en los hechos denunciados. La exigencia de que el caso llegue “hasta las últimas consecuencias” mostró un tono en el que exige justicia para todos los involucrados.
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