
Una contundente carta enviada por concejales del Centro Democrático al presidente Gustavo Petro se convirtió en la expresión política más severa hasta ahora frente a los presuntos abusos sexuales cometidos en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en Bogotá.
El pronunciamiento surge luego de la captura de docente, adscrito al Icbf, señalado de violentar sexualmente a varios menores en el Hogar Infantil Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal.
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En la misiva, firmada por ocho concejales de la bancada, se expresa un rechazo categórico a los hechos y se responsabiliza directamente al Gobierno nacional por lo que califican como “abandono institucional”. El documento, fechado el 6 de mayo, va dirigido al presidente Petro y acusa a su administración de haber puesto en riesgo a la niñez colombiana mediante decisiones políticas erradas y negligencia administrativa.
El eje de la carta gira en torno a la indignación por los abusos cometidos, pero también enfatiza en la crítica a la gestión del Icbf bajo la administración Petro. Los cabildantes señalaron que “no se trata de una simple falla aislada”, sino de un patrón de descuido institucional que permitió que un presunto abusador tuviera contacto directo con menores de edad.

“Es absolutamente inaceptable que estas agresiones tengan lugar en instituciones cuya misión es velar por el bienestar integral de la infancia”, escribieron. Y en uno de los apartes más duros, afirmaron: “Hoy, una vez más, el país se enfrenta a otro fracaso de su Gobierno, esta vez le tocó a los niños y niñas”.
La denuncia política pone en evidencia lo que consideran una cadena de decisiones cuestionables, entre ellas la designación de Concha Baracaldo como primera directora del Icbf, a la que señalan de no tener experiencia en protección infantil y de haber llegado al cargo por su cercanía con la primera dama. “La designación de la señora Concha Baracaldo […] fue una afrenta a la seriedad que exige esa entidad. Las consecuencias de esa decisión errada hoy se traducen en tragedias reales”, añade el documento.

La carta de los concejales también exige una reestructuración profunda del Icbf, advirtiendo que no se trata solo de sancionar al agresor, sino de revisar de manera integral los mecanismos de selección, control y vigilancia que deberían garantizar la seguridad de los niños en las instituciones públicas.
“¿Qué tipo de procesos de selección y control está implementando el Icbf para que un abusador tenga contacto directo con menores de edad? ¿Dónde están las medidas de prevención, el seguimiento y la rendición de cuentas?”, cuestionaron los firmantes.
Además, hacen un llamado a que la justicia actúe con firmeza: “La justicia debe ser implacable con los responsables, y las víctimas deben contar con toda la atención psicosocial, legal y médica que su situación demanda. La reparación debe ser integral, y el castigo, ejemplar”.

En uno de los momentos más emotivos del pronunciamiento, los concejales manifestaron su apoyo a Margie Espinel, madre de uno de los menores violentados, a la que calificaron como “valiente” por alzar su voz en medio del dolor. “Ella representa a todas las madres que hoy claman justicia y dignidad para sus hijos. Su lucha no debe quedar sola ni silenciada”, expresó la bancada.
La carta, suscrita por los concejales Andrés Barrios Bernal, Diana Diago Guaqueta, Sandra Forero Ramírez, Daniel Briceño Montes, Humberto Rafael Amín Martelo, Óscar Jaime Ramírez Vahos y Julián Uscátegui Pastrana, cierra con un llamado a la ciudadanía para no guardar silencio frente a este tipo de crímenes: “La protección de la niñez es un deber colectivo y urgente. Colombia no puede tolerar más infancias rotas por la violencia ni más instituciones indiferentes”.
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