La reforma al sistema de salud en Colombia, impulsada desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, sigue generando controversia. Ante las dificultades legislativas que ha enfrentado el proyecto de ley en el Congreso, el Ministerio de Salud optó por una nueva estrategia: publicar dos borradores de decreto con los que pretende implementar por vía administrativa varios de los cambios estructurales propuestos en la reforma.
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lanzó una fuerte advertencia sobre el contenido de uno de esos borradores.
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Según Ana María Vesga, presidenta de Acemi, varios artículos del texto violarían la ley e incluso la Constitución. “La dificultad que tiene el decreto que está en consulta hasta el próximo 9 de mayo es que ha excedido esa potestad reglamentaria y que modifica, entre otras cosas, el ordenamiento territorial, las funciones que están asignadas a las EPS y crea instancias de participación ciudadana que todas tienen reserva de ley”, explicó Vesga.
El gremio anunció que el 10 de mayo presentará ante el Ministerio de Salud una serie de observaciones formales, advirtiendo que, aunque la cartera tiene la facultad de definir modelos de atención, “tiene en todo caso que hacerse de acuerdo con la normatividad vigente y no podría modificarse a través de decreto lo que está contenido en leyes orgánicas, en leyes estatutarias y en leyes que hacen parte, digamos, de la institucionalidad y del arreglo jurídico de nuestro sistema de salud”.
Las preocupaciones jurídicas de Acemi
Uno de los puntos más críticos para la asociación es la modificación de las funciones de las EPS. Vesga advirtió que el borrador invade competencias esenciales de estas entidades, como “la conformación de la red, la labor de referencia y contrarreferencia de los usuarios, la adscripción de la población a Centros de Atención Primaria en Salud (Caps)”.
Además, cuestionó la propuesta de crear microterritorios sanitarios como nuevas unidades de organización territorial en salud, ya que “es como un nuevo ordenamiento territorial que tiene reserva de ley”. En ese sentido, argumentó que el decreto estaría legislando sin pasar por el Congreso, lo cual contraviene principios constitucionales.
Otro punto crítico es el uso de los recursos de aseguramiento en salud. “Hay una restricción, una destinación específica para los recursos de la salud. Está establecido en la Constitución, está establecido en la ley y no puede decirse a través del decreto”, expresó Vesga. Según la presidenta de Acemi, el borrador contempla destinar estos fondos a infraestructura y otras inversiones que, aunque necesarias, no pueden financiarse con los dineros reservados para la atención directa de los pacientes.
“La visión de modelo de salud, la visión política de modelo de salud no es lo que se está discutiendo en este decreto. Lo que se está discutiendo es que cualquier modificación al modelo de salud, a la regla institucional, tiene que hacerse en el marco de la ley, porque ese es finalmente el respeto a las instituciones y a la institucionalidad del sistema”, puntualizó.
Incertidumbre para el sistema y los usuarios
A juicio de Acemi, más allá de las posibles ilegalidades, el decreto agudiza la incertidumbre que ya pesa sobre el sistema de salud. “Lo que estamos viendo es que esto se suma a la gran incertidumbre que hay en el sistema, a la falta de confianza, a la falta de reglas claras para los agentes y todo esto altera la dinámica entre los diferentes actores, pero, sobre todo, termina afectando a los usuarios y pacientes”, concluyó Ana María Vesga.
El borrador en discusión forma parte de un paquete de medidas con las que el Gobierno busca implementar un “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”. El decreto señala que el Ministerio de Salud brindará apoyo técnico y publicará lineamientos para facilitar la implementación gradual del modelo: “Durante este periodo deberán ajustar su funcionamiento al Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, su articulación a las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud – RIITS, y al nuevo enfoque territorial, diferencial e intersectorial definido en esta norma”.
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