Se perdieron lingotes de oro y relojes de lujo a cargo de la SAE: la Fiscalía y la Policía también están involucrados

Han pasado más de tres años y apenas se conocen nuevo detalles que rodearon la desaparición de bienes incautados a un antiguo capo del narcotráfico y que desató el escándalo que involucra a la Fiscalía, la Policía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En 2022, funcionarios de la SAE acudieron a una diligencia para recibir 10 lingotes de oro y 69 relojes de colección que habían sido confiscados a Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya, miembro del extinto Cartel del Norte del Valle. Sin embargo, al abrir la caja fuerte donde debían estar almacenados, los bienes habían desaparecido.

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Este incidente es solo uno de los múltiples episodios de irregularidades que rodean un caso que comenzó en 2019 como un supuesto golpe contra el lavado de activos y que ahora está plagado de acusaciones de corrupción.

De acuerdo con información conocida por Vorágine, la operación que dio origen a este caso tuvo lugar en diciembre de 2019, cuando la Fiscalía y la Policía allanaron el criadero de caballos Nuevo Amanecer, ubicado en Tenjo, Cundinamarca.

Durante el operativo, fueron capturados “Pipe Montoya” y su esposa, María Fernanda Ángel, y se incautaron bienes que las autoridades valoraron en 1í2 billones de pesos. Entre los objetos confiscados se encontraban vehículos de alta gama, relojes de lujo, obras de arte, lingotes de oro, dinero en efectivo y caballos de paso fino. Uno de estos caballos, conocido como El Kan de Kanes, fue descrito como el mejor potro de paso fino del país, con un valor estimado de hasta 2 millones de dólares.

Sin embargo, las irregularidades comenzaron a surgir poco después del operativo. Según el medio, los lingotes de oro y los relojes fueron trasladados inicialmente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en Bogotá, donde permanecieron durante casi tres meses sin ser registrados en el sistema de evidencias de la Fiscalía ni sometidos a evaluaciones para verificar su autenticidad.

Posteriormente, en marzo de 2020, los bienes fueron entregados a una depositaria de la SAE que los guardó en una caja fuerte. Pero un informe de laboratorio de 2021 reveló que los lingotes no eran de oro, sino de un material ferroso con un valor comercial de apenas 700.000 pesos. Además, se determinó que algunos de los relojes eran réplicas y que su valor total era de aproximadamente 1.000 millones de pesos, muy por debajo de las expectativas iniciales.

La desaparición de los bienes se produjo en abril de 2022, cuando la SAE relevó al depositario encargado de su custodia, Juan Carlos Vargas, y se descubrió que la caja fuerte estaba vacía. Vargas ha sido imputado por el delito de peculado por apropiación, aunque él niega las acusaciones.

Según los datos proporcionados por Vorágine, también se investigan las actuaciones de otros funcionarios de la SAE, la Policía y la Fiscalía, ante la posibilidad de que los lingotes y algunos relojes hayan sido sustituidos por piezas falsas.

El caso de “Pipe Montoya” tiene raíces profundas en la historia del narcotráfico colombiano. Según informes de la DEA citados por el medio independiente, Montoya comenzó su carrera criminal en los años noventa como parte del Cartel del Norte del Valle, liderado por su primo, Diego León Montoya, alias Don Diego.

Tras ser capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2005, Montoya fue condenado a 19 años de prisión, pero obtuvo una reducción de pena por colaborar con las autoridades. En 2012, regresó a Colombia, donde, según la Fiscalía, habría intentado reconstruir su fortuna mediante una red de lavado de activos.

Las investigaciones sobre Montoya incluyeron interceptaciones telefónicas que revelaron movimientos de grandes sumas de dinero y estrategias para ocultar su riqueza. Sin embargo, dos de los informes de interceptaciones fueron falsificados, según determinó un análisis grafológico.

La entonces vicefiscal general, Martha Mancera, señaló que las firmas en los documentos habrían sido falsificadas por funcionarios de la Dij´n, lo que añadió un nuevo capítulo en el presunto entramado criminal.

Además de las irregularidades relacionadas con los bienes incautados, la administración del criadero Nuevo Amanecer también enfrentó problemas. Según un informe de la SAE citado por Vorágine, los ingresos generados por el criadero no eran suficientes para cubrir los costos de mantenimiento, lo que llevó a la venta de los caballos a precios muy inferiores a los estimados inicialmente.

Los 218 millones de pesos en efectivo incautados durante el operativo también se agotaron en la administración del criadero, dejando prácticamente nada de los bienes confiscados en las arcas del Estado.

El caso ha generado tensiones dentro de la Fiscalía, que en 2023 asignó a un nuevo fiscal anticorrupción para investigar las irregularidades. Asimismo, más de 10 funcionarios de la Policía, la SAE, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura están bajo investigación por posibles actos de corrupción.

Entre las acusaciones se incluye una reunión indebida entre una jueza y una fiscal durante las audiencias preliminares del caso, así como un intento de hackeo informático contra un fiscal que descubrió la falsificación de los informes de interceptaciones.

El abogado de “Pipe Montoya”, Hernando Nates, ha denunciado que el caso está viciado desde el principio y lo calificó como un intento de extorsión por parte de un grupo especial de la Policía. Según Nates, su cliente fue presionado para realizar pagos a cambio de no ser investigado, y al negarse, se fabricaron cargos en su contra.

Por ahora, el único procesado formalmente es Juan Carlos Vargas, aunque su acusación quedó suspendida debido a que la jueza encargada del caso se declaró impedida por haber tenido contratos previos con la SAE.