La intervención del Gobierno en Air-e, llevada a cabo desde septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) en respuesta a los graves problemas financieros de la empresa, generó un impacto muy importante en toda la cadena energética del país.
Según un informe de la calificadora Fitch Ratings, la decisión aumentó los saldos acumulados adeudados por la empresa y también generó incertidumbre sobre la capacidad de la compañía para cumplir con las obligaciones financieras, lo que afecta a diversos actores de los sectores de generación, transmisión y distribución de energía.
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En su análisis, Fitch destacó que las deudas acumuladas por Air-e alcanzaron aproximadamente $2 billones hasta abril de 2025, siendo los generadores térmicos los principales acreedores. “La intervención ha creado incertidumbre sobre la capacidad de Air-e para cumplir con sus obligaciones financieras”, señaló el informe.
Además, la agencia resaltó que las condiciones actuales se ven aún más tensas debido a un mandato del Gobierno nacional que prohíbe limitar el suministro eléctrico como sanción por retrasos en los pagos.
Las empresas más afectadas
Una de las empresas más afectadas por la situación es TermoCandelaria Power S.A., que tiene una exposición significativa a Air-e. Según Fitch, la compañía registra un saldo pendiente de cerca de USD102 millones, de los que más de la mitad corresponde a deudas adquiridas luego de la intervención.
“Con este escenario, Fitch anticipa que la exposición de TermoCandelaria a Air-E disminuirá a medida que las condiciones hidrológicas normalizadas hagan que la compañía vuelva a generar principalmente fuera de mérito”, puntualizó la agencia.
La crisis financiera de Air-e también golpeó a otras empresas del sector energético. Interconexión Eléctrica S.A. y Grupo Energía Bogotá (GEB) enfrentan una exposición conjunta de cerca de USD52 millones por los negocios relacionados con la transmisión eléctrica, mientras que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene una deuda pendiente con Air-e de alrededor de USD38 millones, incluyendo USD7 millones relacionados con su filial Afinia.
Aunque las compañías mantienen una sólida generación de flujo de caja, Fitch advirtió que los retrasos prolongados en los pagos podrían derivar en una presión creciente sobre sus necesidades de capital en el futuro.
Problemas de liquidez no serán inmediatos
A pesar de estos riesgos, Fitch no anticipa problemas inmediatos de liquidez para las empresas afectadas. La agencia explicó que la sólida posición financiera y capacidad de generación de efectivo les permite afrontar estos desafíos a corto plazo.
Sin embargo, “los retrasos prolongados en los pagos podrían presionar las necesidades futuras de capital”, alertó el informe, lo que destaca el posible impacto en la estabilidad del sector a largo plazo.
Riesgos de la intervención estatal
La compleja situación de Air-e refleja los riesgos inherentes a la intervención estatal en empresas del sector energético y sugiere posibles consecuencias a largo plazo para la estabilidad financiera de actores clave.
Fitch Ratings dio a conocer que continuará el monitoreo los efectos de esta intervención y la evolución de la capacidad de Air-e para cumplir sus compromisos financieros, los cuales son críticos para contrarrestar el impacto en los generadores, transmisores y distribuidores que dependen de estos pagos.
Por qué el Gobierno decidió intervenir Air-e
La intervención de Air-e fue necesaria debido al deterioro financiero que presentaba la compañía, producto de múltiples factores, entre ellos las pérdidas de energía, la baja tasa de recaudación y la exposición al mercado spot en un contexto de precios energéticos al alza.
En la actualidad, Air-e presta servicio a cerca de 1,2 millones de usuarios en la región Caribe, lo que representa el 11,5% de la demanda energética total del país. Este nivel de cobertura convierte a la empresa en un actor crucial dentro del panorama energético colombiano, lo que resalta el impacto potencial de sus problemas financieros.
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