La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena 8 años y 4 meses de prisión contra el exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del tribunal Superior de Bogotá Eduardo Castellanos Roso por su responsabilidad en delitos relacionados con corrupción.
La decisión, tomada por la Sala Especial de Primera Instancia, se refiere al concurso delictual de cohecho propio y soborno en la actuación penal.
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“Confirmar en su integridad la sentencia CSJ SEP005-2023 proferida el 16 de enero de 2023 por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, que condenó a Eduardo Castellanos Roso por el concurso delictual de cohecho propio y soborno en la actuación penal”, se lee en el fallo de la Corte Suprema.
En su sentencia, el alto tribunal indicó que Castellanos Roso intervino de manera ilícita en el proceso judicial del exjefe paramilitar conocido como ‘el Mellizo’.
Según los documentos del caso, el exmagistrado ayudó a dilatar el proceso de dicho sujeto, favoreciendo sus intereses personales en lugar de cumplir con su deber de administrar justicia de forma imparcial.
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La Sala de Casación precisó que el exmagistrado “priorizó y privilegió intereses particulares del postulado, poniéndole precio a la loable misión de administrar justicia”.
De acuerdo con la sentencia, su comportamiento constituye una grave violación de los principios que deben guiar el ejercicio de la función judicial.
La condena fue confirmada en su integridad, y la Corte dispuso el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con la normativa aplicable.
Este fallo concluye el proceso que había comenzado en enero de 2023 y reafirma la postura de la Corte Suprema frente a los actos de corrupción en el ámbito judicial, subrayando la importancia de garantizar la transparencia y la ética en la función pública.
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“Por la Secretaría de la Sala dese cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y en la Circular n.º PCSCJ22-12 emitida el 29 de julio de 2022 por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Informar a partes e intervinientes que contra esta determinación no proceden recursos”, indicó el alto tribunal.
Libertad condicional
El 19 de octubre de 2024 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de libertad condicional presentada por Eduardo Castellanos Roso, exmagistrado del Tribunal de Justicia y Paz, que fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de cohecho propio y soborno en actuación penal. Castellanos había sido hallado culpable de recibir sobornos del exjefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, a cambio de favores judiciales.
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El caso de Castellanos Roso ha generado una considerable atención pública debido a las implicaciones que tiene para la confianza en el sistema judicial colombiano. Según la sentencia, el exmagistrado aceptó sobornos por un total de 50.000 dólares entre 2013 y 2016, entregados por el abogado defensor de Mejía Múnera, Marco Tulio Quintero Cano. A cambio, Castellanos favoreció los intereses del exjefe paramilitar en su proceso judicial dentro del programa de Justicia y Paz, diseñado para la reintegración de excombatientes a la sociedad bajo ciertas condiciones legales.
El comportamiento de Castellanos fue particularmente perjudicial, ya que no solo dilató el proceso de exclusión de Mejía Múnera del programa, sino que también filtró información confidencial relacionada con el caso. Estos actos fueron corroborados por pruebas como mensajes de texto y grabaciones de encuentros en diferentes ciudades del país.
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La Corte Suprema de Justicia, en su fallo de enero de 2023, consideró que Castellanos había abusado de su posición para facilitar maniobras dilatorias que afectaron la imparcialidad del sistema judicial.
En su intento de obtener la libertad condicional, la defensa de Castellanos argumentó que había cumplido las tres quintas partes de su condena, lo que le otorgaba derecho a solicitar este beneficio. Sin embargo, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, al leer el fallo, enfatizó que los delitos cometidos eran de tal gravedad que requerían un enfoque más riguroso en el tratamiento de la pena, para asegurar la rehabilitación del condenado y preservar la confianza pública en la justicia.
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