La periodista Jineth Bedoya renunció a su proceso judicial por violación, tortura y secuestro: “Mi aspiración de justicia ha muerto”

La periodista Jineth Bedoya anunció este lunes 28 de abril de 2025 que renunció a “su aspiración de justicia en Colombia” por la “inoperancia” de la Fiscalía General de la Nación en contra de las personas que la secuestraron el 25 de mayo del 2000 en la cárcel La Modelo.

“Hoy he tomado la decisión más difícil tras 25 años de mi secuestro y ante la inoperancia de la Fiscalía. DESISTO irrevocablemente a mi aspiración de justicia en Colombia. Queda para la historia del país la impunidad de mi caso. Mi trabajo, desde el periodismo, seguirá adelante”, indicó Bedoya en su cuenta de X.

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La periodista y subeditora de El Tiempo, también fue sometida a torturas y violación, hechos que contó en su libro ‘Te hablo desde la prisión’.

Además, envió una sentida y extensa carta al ente acusador, hecho que realizó en compañía del director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Jonathan Bock.

Recientemente el exparamilitar Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo E’ Pisca, único condenado por estos hechos, se encuentra prófugo, hecho que no fue anunciado por el Inpec y la Fiscalía a la defensa de Bedoya.

“Dejo constancia ante la comunidad internacional que está y quedará en la impunidad. El sistema de justicia de mi país no fue diligente ni tuvo la capacidad de resolver un proceso que se ha denominado ‘emblemático’ frente a todas las pruebas, declaraciones y diligencias practicadas”, indicó Bedoya, que también contó con la compañía de la defensora del Pueblo Iris Marín.

Bedoya explicó que su decisión tiene un carácter simbólico, motivado por la falta de avances en la investigación, la ineficiencia institucional y el incumplimiento de las medidas ordenadas en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Señaló, además, que durante más de dos décadas seis fiscales han estado a cargo de su caso sin lograr identificar o sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

En su intervención, la periodista lamentó la ausencia de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y cuestionó la gestión de la Fiscalía General de la Nación, resaltando que, tras casi cuatro años de la sentencia internacional, ninguna de las trece medidas de reparación ordenadas ha sido cumplida en su totalidad. “El sistema de justicia de mi país no fue diligente ni tuvo la capacidad de resolver un proceso que se ha denominado ‘emblemático’ frente a todas las pruebas, declaraciones y diligencias practicadas”, afirmó.

En noviembre de 2024, la Fundación para la Libertad de Prensa había advertido sobre las fallas del sistema judicial en el caso y alertado sobre el riesgo que enfrenta Bedoya, quien sigue siendo objeto de amenazas e intimidaciones. Además, en septiembre de 2024, se reveló que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevo de Pisca”, condenado a 40 años de prisión por su participación en los hechos contra Bedoya, se encontraba prófugo desde hacía más de dos años, situación de la cual la periodista y sus representantes no fueron notificados oportunamente.

Durante la rueda de prensa, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la periodista y señaló que el Estado “está en deuda” con Bedoya, advirtiendo que la falta de acciones firmes constituye una forma de revictimización. “La lucha de Jineth también debe ser la lucha del Estado, debe ser la lucha de la Fiscalía, de la justicia”, manifestó.

Bibiana Aido Almagro, directora de ONU Mujeres en Colombia, también intervino para hacer un llamado al Estado colombiano a cumplir integralmente las medidas ordenadas por la Corte IDH. “La labor de mujeres como Jineth es inspiración y referente para muchas otras”, dijo.

La Flip, que representa legalmente a Bedoya, reiteró su compromiso con la lucha contra la impunidad y exhortó a la Fiscalía a avanzar de forma prioritaria en las investigaciones y en la judicialización de los responsables. También insistió en que, aunque Bedoya haya decidido retirarse del proceso, el Estado colombiano sigue teniendo la obligación de garantizar la justicia y trabajar de manera articulada con entidades como la Unidad Nacional de Protección para salvaguardar su seguridad.