Una sesión del Concejo Distrital de Santa Marta derivó en una tormenta política y disciplinaria que ahora pone en el centro del debate la legitimidad del uso de la fuerza pública en escenarios institucionales. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Policía Metropolitana y del Concejo Distrital, a raíz de los hechos ocurridos el 23 de abril, cuando agentes policiales retiraron por la fuerza al concejal Miguel Martínez Olano del recinto.
La reacción de la Procuraduría no se hizo esperar y, a través de su Regional de Instrucción en el Magdalena, inició el proceso con el propósito de esclarecer las condiciones y posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados. “Se advierte el uso de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública, la cual se requiere evaluar si su aplicación fue de manera excesiva o no”, indicó el documento de apertura de la investigación, que también señaló la necesidad de establecer la identidad de todos los participantes en el incidente.
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La situación fue desencadenada por una orden del presidente del Concejo, Pedro Gómez, que solicitó a Martínez que abandonara la sesión. Ante la negativa del concejal, se recurrió a la intervención policial, la cual escaló rápidamente. Las imágenes que circularon por redes sociales muestran a Martínez negándose a retirarse, incluso sentándose o acostándose en el suelo, mientras los uniformados intentaban persuadirlo con argumentos. El momento más tenso se produjo cuando el concejal advirtió que si lo tocaban, “iba a armar un mierdero”, frase que generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del recinto.
El suceso provocó un intenso debate sobre los límites del uso de la fuerza en espacios democráticos, así como sobre el comportamiento de los actores políticos. En medio del revuelo, salió a la luz un video de 2023 que complica aún más el panorama para el concejal Martínez. En dicho material audiovisual, se le ve actuando como presidente de la Comisión Tercera, dando instrucciones a la Policía para retirar al también concejal Ordoñez, que según su criterio mostró “irrespeto a la presidencia de esta corporación”. La revelación suscitó acusaciones de incoherencia y doble moral en la actuación de Martínez.
Durante la sesión posterior al escándalo, el concejal Jorge Argüelles intervino para cuestionar duramente el proceder de su colega. No solo señaló que el acto fue “premeditado”, sino que comparó el manejo del caso Ordoñez (resuelto sin uso de la fuerza) con la situación protagonizada por Martínez, criticando la actitud confrontativa de este último frente a las autoridades.
El caso tomó relevancia nacional no solo por la posible vulneración de derechos o el uso cuestionable de la autoridad, también por lo que representa para la convivencia política dentro de las instituciones locales. La posibilidad de que funcionarios públicos, tanto civiles como de la fuerza pública, hayan incurrido en faltas disciplinarias mantiene en vilo al Concejo y a la comunidad samaria.
Mientras tanto, la Procuraduría continúa recabando pruebas y testimonios que permitan aclarar los hechos. De comprobarse un exceso en el uso de la fuerza o una conducta inapropiada por parte de los funcionarios implicados, podrían derivarse sanciones administrativas o disciplinarias.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión existente entre la autoridad institucional y el respeto a los procedimientos democráticos. La intervención de la fuerza pública en espacios como el Concejo, así como el comportamiento de los concejales frente a las normas y la investidura que representan, se convierten en aspectos clave para evaluar la salud institucional y la legitimidad del ejercicio del poder público. Lo cierto es que, más allá del escándalo, este episodio deja al descubierto una creciente tensión institucional que, de no manejarse con responsabilidad, podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las entidades públicas.
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