
Un caso de violencia intrafamiliar agravada en Ibagué tuvo un desenlace judicial, pues la Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que Shirley Hernández, de 30 años, fue capturada en el centro de la ciudad, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento que la condenó a 60 meses de prisión por los hechos ocurridos en el momento en el que su hijo tenía 18 meses y fue ingresado a una clínica local con señales de maltrato físico y desnutrición severa.
De acuerdo con las autoridades, el caso se remonta al 4 de marzo de 2018, cuando el menor fue llevado a un centro asistencial en condiciones alarmantes. La patrulla de Infancia y Adolescencia de la Policía fue alertada por la abuela y la tía del pequeño, que denunciaron el estado en el que se encontraba. Los exámenes médicos realizados en ese momento revelaron lesiones físicas que le ocasionaron una incapacidad médico legal de 45 días, además de un diagnóstico de desnutrición.
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La captura de Shirley Hernández fue confirmada durante el 22 de abril. Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana, compartidos por medios locales como El Olfato, los uniformados adscritos a la reacción bancaria verificaron su situación judicial y confirmaron que era requerida por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Durante el procedimiento, se le informaron sus derechos como persona capturada y se adelantaron los trámites judiciales correspondientes. Hernández aceptó los cargos imputados durante la audiencia de juicio oral, lo que resultó en una condena de cinco años de prisión en un centro carcelario.

El diagnóstico médico inicial del pequeño no solo confirmó las lesiones físicas, sino que demostró un estado de desnutrición que comprometía seriamente la salud del niño, por lo que la oportuna denuncia ciudadana fue fundamental para proteger los derechos del menor y su vida.
Ante la gravedad de este caso, el mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía Metropolitana de Ibagué, destacó el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que atente contra el bienestar de los menores: “Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hacemos un llamado a la comunidad para denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho que atente contra su bienestar”, afirmó.
Este caso se suma a los esfuerzos de las autoridades locales por evitar nuevos casos de maltrato infantil y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos. La condena de Shirley Hernández envía un mensaje claro sobre el rechazo hacia cualquier forma de violencia contra los menores.

La captura y condena de Shirley Hernández no solo cierra un caso judicial que fue rechazado por los habitantes de la capital del Tolima, sino que pone en evidencia la necesidad de actuar rápidamente ante cualquier señal de maltrato infantil, debido a que la intervención de la familia del menor y la respuesta de las autoridades permitieron que este caso no quedara impune. Así, se demostró la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños.
El caso del menor de 18 meses, que sufrió lesiones físicas y desnutrición, se convirtió en un recordatorio de la vulnerabilidad de los niños que son víctimas de violencia intrafamiliar. De ahí la importancia de promover las denuncias para proteger a los más vulnerables y evitar que los casos terminen en fatalidad.
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