En medio de la controversia por el uso reiterado de la televisión pública por parte del presidente Gustavo Petro, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) se pronunció con firmeza respaldando de manera incondicional al Consejo de Estado.
La declaración fue emitida por su director ejecutivo, Hernando Herrera Mercado, que subrayó que “el presidente debe ser el primer obligado a acatar toda decisión judicial”, reafirmando así el compromiso de la CEJ con la defensa de la separación de poderes y la independencia judicial en Colombia.
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El pronunciamiento se registró tras las críticas de diversos sectores que consideran que el mandatario ha utilizado de forma indebida la figura de la alocución presidencial para eludir restricciones legales impuestas por decisiones judiciales.
El presidente, por su parte, ha argumentado que sus intervenciones buscan mantener informada a la ciudadanía sobre asuntos que afectan su vida y salud: “La Constitución misma dijo que hay un derecho constitucional a la verdad, no a la mentira”, señaló el presidente en defensa de sus alocuciones y consejos de ministros, acusando a los magistrados de intentar censurarlo y anunciando que pedirá una revisión del fallo por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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Sin embargo, el alto tribunal concluyó que ese uso excede los límites constitucionales previstos para este tipo de transmisiones.
Denuncia por descalificaciones al poder judicial
En su pronunciamiento, Herrera acompañó también las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, que advirtió sobre el riesgo que representan las descalificaciones públicas de las sentencias judiciales por parte de altos funcionarios del Estado. “Las descalificaciones de las decisiones judiciales son una forma de violentar el derecho de una rama del Poder Público a emitir fallos autónomos e independientes”, dijo el togado, en alusión a los comentarios recientes del presidente Gustavo Petro.
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El mandatario ha venido cuestionando públicamente la orden del Consejo de Estado que le prohíbe utilizar la televisión pública para transmitir sus consejos de ministros, espacio que ha venido empleando desde febrero bajo la figura de alocuciones presidenciales.
A pesar de la restricción impuesta por una sala de esa alta corte, Petro volvió a hablarle al país el lunes 21 de abril, a través de los canales oficiales y en una transmisión de casi dos horas, lo que generó nuevas críticas por posible desacato judicial.
En dicha intervención, el presidente anunció presentaría las preguntas de su propuesta de consulta popular y, además, abordó la situación sanitaria provocada por un brote de fiebre amarilla. Durante la transmisión también intervinieron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava; y el viceministro de Salud, Jaime Urrego. No obstante, la mayor parte del tiempo estuvo dominada por el jefe de Estado.
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Frente a estas afirmaciones, la CEJ no solo defendió la legalidad y legitimidad de las decisiones judiciales, sino que enfatizó que la institucionalidad está por encima de cualquier autoridad individual. “La CEJ hoy nuevamente refrenda el compromiso institucional de la justicia con los baluartes de nuestro Estado Social de Derecho”, se lee en el comunicado, en el que también se subraya el papel activo y valiente que históricamente han tenido las Altas Cortes para garantizar la democracia, la convivencia pacífica, la seguridad jurídica y el respeto a la ley.
En un mensaje claro que busca poner freno a lo que consideran un preocupante deterioro del respeto institucional entre los poderes públicos, la entidad concluyó su declaración instando a todos los funcionarios públicos, sin excepción, a acatar los fallos judiciales como parte del ordenamiento democrático y de la garantía de derechos ciudadanos.
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